AUDIO: LILIA ANA NOVILLO (MINISTRO STJ)

El Superior Tribunal de Justicia emitió un acuerdo mediante el cual se instruye a la Policía de la Provincia para que proceda al secuestro de vehículos que transiten sin la documentación correspondiente, cuenten o no con permisos precarios otorgados por un juzgado de cualquiera de las tres circunscripciones judiciales para circular.

“Advertimos que había irregularidades en la entrega o en la posesión para circular de estos autos, entonces ordenamos una auditoría en todos y cada uno de los juzgados del Crimen. Tenemos los resultados: el mismo auditor nos manifiesta que esto es una tarea que no está terminada. Es muy profusa la información”, explicó la ministro del STJ, Lilia Ana Novillo.

La cantidad de información recabada por el auditor y todo lo que resta aún analizar motivó que el máximo órgano judicial tomara una determinación con el fin de acelerar el esclarecimiento respecto de los autos robados que circulan en el territorio provincial, cuyos dueños manifiestan haber comprado de buena fe.

“El bien superior a proteger es la vida de las personas. Este tipo de autos, los que circulan así, no tienen seguro, no tienen nada” agregó Novillo.

Con este acuerdo, se instruye a la Policía para que secuestre “todos los vehículos que estén sin documentación, tengan o no autorización para circular de jueces de la provincia de San Luis”.

La acordada 574/12 del organismo judicial establece que dentro del plazo de 24 horas de realizado el secuestro, la Policía deberá informar lo actuado -datos del vehículo secuestrado, de la persona que conducía, de la documentación que se exhibió, etc.– al Superior Tribunal de Justicia, de lo que se dejará constancia en el expediente ‘Superior Tribunal de Justicia – Sol. Medidas  S/  Vehículos  y/o  Bienes  Muebles  Registrables (Ac. 239/12)’,  Expediente.  22-S-2012,  remitiéndose  luego  mediante  oficio  al Procurador  General  de la  Provincia  para  su  conocimiento,  y  al  Juez competente, a fin de que, por vía incidental disponga y realice, en estricto cumplimiento de los plazos legales, las medida necesarias.  

De toda documentación secuestrada, y la que exista en los legajos de cada expediente,  se correrá traslado a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) para que verifique si existe incumplimiento de las obligaciones fiscales y se expida sobre la eventual responsabilidad por evasión fiscal.