El Ejecutivo ingresó en la Legislatura el plan con el que busca recuperar terrenos para el sistema productivo. 

El Ejecutivo presentó en la Legislatura el proyecto por el cual la gestión de Francisco Pérez busca expropiar más de 13.000 hectáreas para entregarlas a productores. El Gobierno eliminó del texto la posibilidad de que el Estado se quede con lotes que tengan deudas de más de 10 años, tal como había anunciado el gobernador en su discurso del 1° de Mayo.

En su lugar, la iniciativa estableció que serán declaradas de utilidad pública sólo las tierras que tienen deudas con Irrigación y con Rentas que excedan el monto del avalúo fiscal de la propiedad.

Pero el mecanismo de entrega de los lotes promete generar polémica, pues se hará bajo los requisitos de la Ley 4.711. Esto contempla la licitación pública, el concurso público y privado y también la adjudicación directa.

En este punto, el secretario Legal y Técnico, Francisco García, justificó el mecanismo ante diariouno.com.ar al decir que “es una excepción que está contemplada en otras leyes, como la Ley de Contabilidad. Se trata de atender sólo los casos que no han podido regularizar su situación o porque no tienen escritura”.

De todas maneras, el funcionario explicó que “la decisión de quiénes serán los adjudicatarios de las tierras estará atada a los proyectos que presenten”.

Esa determinación quedará en manos de un consejo de Promoción del Desarrollo Rural, integrado por representantes de los ministerios de Agroindustria e Infraestructura, la Secretaría de Ambiente y la Comuna en donde esté el lote expropiado.

Según el proyecto que presentaron en la mañana de este miércoles el vice Carlos Ciurca, junto con el titular de Irrigación, José Luis Álvarez, y García, las más de 13.000 hectáreas serán adjudicadas a personas que presenten proyectos que comprendan procesos productivos completos, que involucren procesos asociativos, de economía social y de agricultura familiar, que incorporen valor agregado en origen, que promuevan el arraigo rural y que incentiven la participación de la juventud en el desarrollo rural, tal como refleja el primer artículo de la iniciativa.

Para contener las críticas de la oposición, que ya anticipó en mayo que no está de acuerdo con “expropiaciones compulsivas”, Álvarez aseguró que “el derecho a la propiedad debe estar en sintonía con el bien común”.

Pero el titular de Irrigación hizo una autocrítica de su gestión y de las anteriores, al decir que “evidentemente el apremio y los remates no han servido para que las tierras improductivas y con deudas vuelvan al circuito productivo”.

Uno de los argumentos centrales del oficialismo para defender el proyecto de expropiación de tierras es que sólo el 2,4% del territorio mendocino está irrigado y produce. “No nos podemos dar el lujo de tener esas tierras inútiles”, tal como afirmó Álvarez.

Un paso atrás

Una de las cosas que el peronismo modificó en el texto que entró en el Senado esta semana es la cantidad de años de deudas impagas de las propiedades pasibles de ser expropiadas. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Pérez había dicho que el Estado provincial caería sobre lotes que tuvieran más de una década de incumplimientos con el fisco.

Pero ni el gobernador ni Álvarez tuvieron en cuenta la Resolución             206/2000       de Irrigación que achicó de 10 a cinco años el plazo de prescripción de las deudas.

En los primeros días de mayo, este portal contó la existencia de la normativa que adhirió a los plazos de prescripción de deudas del Código Fiscal vigente, y fijó que los incumplimientos caducan a los cinco años y no a los 10.

Fuente:Diariouno