8M: impulsan declarar la emergencia por violencia de género

A pesar de las medidas gubernamentales y las leyes vigentes contra la violencia de género, el drama de los femicidios se agudizó: según el último relevamiento de La Casa del Encuentro, en lo que va del año se registraron casi medio centenar de casos. Fue el destino trágico de Guadalupe Curual en Villa La Angostura y de Úrsula Bahillo en Rojas, dos víctimas que habían denunciado previamente a sus agresores.

Frente a este panorama, diputados de diferentes bloques presentaron desde el año pasado al menos cuatro proyectos de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género, facultando al Poder Ejecutivo a implementar medidas urgentes y excepcionales con un presupuesto específico.

Hay una iniciativa del Pro encabezada por la cordobesa Soher El Sukaria; otra del bloque Córdoba Federal liderada por Alejandra Vigo; una tercera presentada por Enrique Estévez en coordinación con MuMaLá y Mujeres Socialistas; y una cuarta impulsada en soledad por la oficialista salteña Lía Verónica Caliva.

Los proyectos tienen giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Mujeres y Diversidad, cuya presidenta, Mónica Macha, dejó la puerta abierta a su tratamiento. “Este año vamos a trabajar distintos ejes en la comisión, y el primero es violencia por razones de género. Además de los proyectos para declarar la emergencia, hay muchos otros que están vinculados a la temática”, dijo la legisladora a parlamentario.com.

El socialista Estévez, uno de los promotores de la ley, consideró que “en un país donde muere una mujer cada 30 horas es necesario declarar la emergencia”. “No sé qué más tenemos que esperar para darle a esto el marco que corresponde”, expresó a este medio, y si bien consideró “positiva” la existencia de un Ministerio de Mujeres y Diversidad, aclaró que “eso no se traduce por sí solo en políticas públicas que prevengan y aborden esta situación”.

Según datos de MuMaLá, en 2020 fueron 329 las muertes de mujeres, lesbianas, travestis y trans por motivos de género: los femicidios y transfemicidios fueron los únicos delitos que no descendieron durante la pandemia. “Urge una decisión política para concentrar, articular y reasignar recursos económicos y humanos frente a la violencia machista”, alertó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la organización, quien impulsa una petición en Change.org que ya reunió más de 138.000 firmas.

Qué proponen los proyectos de ley

1) Recursos para las provincias y las víctimas

Uno de los principales ejes de los proyectos presentados tiene que ver con dotar a las provincias y a los municipios del presupuesto necesario para responder más velozmente a las denuncias por violencia de género y brindarles un seguimiento adecuado. Algunas iniciativas proponen también otorgar una asignación mensual a las víctimas en situación de vulnerabilidad, y a su vez garantizar la compensación económica a hijos de víctimas de femicidios, como se estableció en la “Ley Brisa”.

2) Línea telefónica

Otro de los objetivos tiene que ver con mejorar el funcionamiento de la línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento a mujeres en situación de violencia. Lo que se busca es profundizar el seguimiento de las denuncias en articulación con provincias y municipios. En el primer semestre de 2020, y en el contexto del aislamiento social, 55.715 personas realizaron consultas a esta línea, según un relevamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

3) Medidas preventivas

Los proyectos coinciden en que se deben garantizar en todo el país dispositivos de geolocalización para detectar violaciones de medidas perimetrales por parte de los agresores. Asimismo, se promueve la adopción de políticas de desarme de agentes de seguridad violentos y el cumplimiento del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas, garantizado por ley. Por último, impulsan la producción de estadísticas oficiales unificadas.

4) Capacitaciones

Se propone además reforzar las capacitaciones de género en los tres poderes del Estado, tal como se estableció en la denominada “Ley Micaela”. En particular, apuntan a intensificar la formación de los operadores judiciales y también de las fuerzas policiales y de seguridad, así como jerarquizar la labor de promotoras territoriales que realizan tareas de prevención en los barrios.

6) Salud y educación sexual

El efectivo cumplimiento de las leyes de Salud Sexual y Procreación Responsable, y de Educación Sexual Integral, es otro de los reclamos plasmados en los proyectos de ley.

San Luis 24 Redacción Buenos Aires

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