Aborto: los diputados consensuaron un proyecto para aprobar la ley

La corresponsalía de SanLuis24 en Buenos Aires accedió al texto consensuado que los diputados a favor de la interrupción voluntaria del embarazo pondrán a consideración durante el plenario de las comisiones de Legislación General, Familia y Mujer, Salud y Legislación Penal, de este jueves.


La iniciativa, compuesta por 22 artículos, es fruto del acuerdo entre las distintas propuestas presentadas por legisladores que impulsan la norma y toma como eje troncal el proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

 

No obstante, se incorporaron modificaciones a fin de sumar más adhesiones a la despenalización y legalización del aborto.

Los diputados que están a favor de la ley tratarán de transformar este texto en el dictamen de la mayoría el martes de la semana que viene. Un días después, el tema será tratado en el recinto en una sesión histórica y que se prevé maratónica con la posibilidad de que se divida en dos jornadas.

Según la iniciativa, se garantiza la realización del aborto hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional, estableciéndose con claridad las excepciones. Las menores de 16 años que accedan a estas intervenciones deberán hacerlo con su consentimiento informado, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño.

En su artículo 2, se establece la protección del “derecho de las mujeres o personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”, garantizando los derechos “a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad, la diversidad corporal, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento y la no discriminación”.

Fuera de la semana 14 de gestación, el aborto se garantiza para el caso de que el embarazo haya sido producto de una violación, ante lo cual deberá existir una declaración jurada de la mujer ante el profesional de la salud interviniente; en caso que estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer; o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

¿Qué dice la ley para el caso de las menores de edad? Si se tratara de una adolescente menor de 16 años, la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento informado y conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial.

En dicho artículo está establecido que una persona entre 13 y 16 años “se presume que (…) tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.

 

Este era uno de los puntos más controvertidos, ya que la propuesta original habilitaba a adolescentes de 13 años a concurrir a practicarse un aborto sin consentimiento de sus padres.

El derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud rige en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.

En cuanto a las consejerías, un ítem que se incorpora para atraer a los legisladores de “indecisos”, se establece que realizada la solicitud de aborto, el establecimiento de salud debe garantizar a las mujeres información adecuada, atención previa y posterior a la intervención, de carácter médica, social y psicológica, con el objeto de “garantizar un espacio de escucha y contención integral”.

Asimismo, debe estar garantizado el acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, como así también la provisión de métodos anticonceptivos previstos en el PMO y el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

En el artículo correspondiente a la responsabilidad de los establecimientos de salud, además de obligar a las autoridades de los mismos a garantizar la realización de esas intervenciones en los términos de la ley, se aclara que las mismas se deben efectivizar “sin ninguna autorización judicial previa”.

En cuanto a la objeción de conciencia, que fue un tema puntualmente planteado por muchos diputados, la norma señala que el o la profesional de la salud que deba intervenir en el aborto “tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización”. Sólo podrá eximirse de esta obligación cuando haya manifestado su objeción previamente, de manera individual y por escrito, habiéndola comunicado a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. Asimismo cada establecimiento debe llevar un registro de los profesionales objetores, el cual será informado a la autoridad de salud de su jurisdicción.

 

 

SanLuis24 Redacción Buenos Aires