AUDIO | Narcomenudeo: avanza la adhesión a una Ley que permitirá la intervención de la justicia provincial

El Ministerio de Seguridad elevó a la legislatura el proyecto de adhesión de la Provincia a las leyes nacionales N° 23.737 y 26.052, que permitirá a la Justicia puntana intervenir en casos de narcomenudeo en la provincia.

“Ya fue enviado a la legislatura. Fui a conversarlo con los senadores, me llevé una buena impresión: acompañan en términos generales la necesidad de hacernos cargo de esta problemática”, celebró el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi.

En una entrevista en el estudio de Radio Ciudad, el funcionario precisó: “Hoy (el narcomenudeo) es de competencia federal, lo que ocurre es que la problemática de los barrios no son objetivos federales”.

Audio: Luciano Anastasi, ministro de Seguridad

El problema de competencia queda expuesto en los barrios, cuando los vecinos denuncian y la Policía provincial tiene conocimiento de “kioscos de droga”, pero no puede investigar hasta que no lo ordene el juez federal de turno. “La Justicia Federal, además, tiene sus tiempos y objetivos. Tenemos causas abiertas del año 2017; y eso quiere decir que el kiosco está abierto”, afirmó Anastasi.

“Lo que tenemos que hacer es cerrar esos kioscos, dar un mensaje claro que en San Luis no se puede tener actividad comercial con la droga. Para eso necesitamos una agilidad, un objetivo provincial, con mirada local. Esto nos rompe el tejido social, nos produce delitos más violentos”, afirmó.

Y completó: “Tenemos que atacarlo ahora que todavía estamos a tiempo y no esperar que suceda lo que ha sucedido en otras provincias, o como en Rosario, sin ir más lejos”.

En la actualidad el delito de tráfico de drogas está bajo jurisdicción exclusiva de la Justicia Federal. Con la adhesión, la Justicia provincial podrá intervenir en los casos en que se detecte la comercialización, entrega o suministro de estupefacientes destinados al consumo personal.

La adhesión habilita al Ejecutivo provincial a requerir la transferencia de créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia. Implica también que la Provincia podrá adecuar sus estructuras de recursos humanos y técnicos que ya posee (la policía de San Luis cuenta con una Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico) y profundizar la capacitación de todos los operadores involucrados en el combate de este delito.