Cambiemos apoyaría la ley presentada por Rodríguez Saá para prohibir la deuda externa

“Es hora de dar vuelta la página y decirle ‘Nunca más’ a los ciclos de endeudamiento. Hay que acabar con esto para vivir en una Argentina tranquila y con oportunidades. Nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento. Nunca más a ciclos que destruyen oportunidades”, cerró el miércoles Martín Guzmán su exposición en la Cámara de Diputados, donde explicó su estrategia para lograr una reestructuración con los bonistas y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y casi en simultáneo a la visita del ministro al Congreso, en el Senado de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá, miembro del bloque oficialista por gestión de Cristina y Máximo Kirchner, presentó su proyecto de ley para prohibir que los gobiernos tomen deuda externa sin pasar por el Congreso. 

Lo denominó, justamente, el “Nunca más del endeudamiento”, y si bien en el entorno del puntano adjudicaron el texto a una batalla histórica suya admitieron que mantuvo varias reuniones con Máximo antes de presentarlo.

Es cierto que no es un tema nuevo para él: en 2016 logró que el Senado aprobara una ley que obligaba a Mauricio Macri y a los directores de empresas del Estado a pedir permiso a los legisladores ante cualquier toma de deuda. 

Pero la Cámara de Diputados nunca la sancionó pese a varias amenazas del entonces bloque de los gobernadores, denominado peronismo federal, que se diluían cuando llegaba septiembre y sus jefes negociaban la letra chica del presupuesto nacional mientras el endeudamiento externo se multiplicaba.

“Es muy irresponsable que algunos legisladores hablen de prohibir la deuda externa cuando Macri no tomó un solo peso sin el aval del Congreso y los votos del peronismo federal que ahora es parte del Gobierno”, se indignó Alejandro Olmos, historiador de la deuda externa y ex asesor de Fernando “Pino” Solanas.

Su padre homónimo es recordado por llevar adelante el juicio contra los acreedores que finalizó en 2003 con un fallo del juez Jorge Ballesteros que declaró ilegítima la deuda contraída durante el último gobierno militar que igual se pagó. 

“Durante el gobierno de Macri la deuda era parte de los presupuestos que se votaban. Y el kirchnerismo tampoco usó la mayoría que tuvo hasta 2015 para eliminar el último párrafo del artículo 60 de la ley de administración financiera, que permite a un presidente contraer deuda con un organismo internacional del que forma parte sin una ley”, diferenció Olmos. 

Macri hizo valer esa oración para recibir 44 mil millones de dólares del FMI que aumentaron los vencimientos a pagar en los próximos cuatro años a un nivel que Alberto Fernández considera imposible de cumplir.  

El artículo 40 y 41 del último presupuesto, aprobado en 2018, reflejan que hubo aval parlamentario para la deuda que ahora se considera impagable. Se detallan las operaciones de crédito en moneda extranjera habilitadas en los recintos, algunas con fines específicos y otras simplemente para cubrir gastos corrientes.

“Las planillas siempre son una formalidad. La deuda es la emisión para renovar y/o pagar vencimientos más el déficit fiscal. No hay magia ni trampa. El proyecto de Rodríguez Saá es una locura técnica y operativamente. Pero si avanzan se lo vamos a votar y después vemos que hacen”, anticipó un legislador de Cambiemos que sigue de cerca los temas económicos.

En la primera de las 24 preguntas que enviaron a Guzmán el miércoles pasado, los diputados conducidos por el radical Mario Negri, asesorados por el último ministro de Economía de Macri Hernán Lacunza, consideraron que la deuda no es un problema tan importante. 

“Argentina no difiere significativamente del resto de los países de la región y las economías emergentes. Sin embargo, difiere sustancialmente en un aspecto: el país acumula 10 años de estancamiento económico y un déficit primario sostenido en el tiempo que sólo se redujo en los últimos dos años. Esto sugiere, a nuestro criterio, que las principales causas que deben atacarse refieren al diseño de un plan de estabilización y crecimiento en combinación con políticas que logren sostener el equilibrio fiscal primario alcanzado con tanto esfuerzo en el año 2019”, remarcaron. 

Pero en el oficialismo coinciden en que el rojo financiero de Macri erosionó las cuentas públicas hasta hacer imposible la existencia misma del Gobierno y cualquier relativización es irresponsable. 

“Ese es el problema: el peso del vencimiento se transformó en algo irracional para 2020 y 2021. ¿Los países en el mundo tienen esta situación? Sí, la tienen, pero como están en el mercado de crédito lo que hacen es ir renovando las deudas y nosotros no podemos”, sostuvo el senador misionero Maurice Closs.  

Para evitar estos procesos, el proyecto de Rodríguez Saá que empujaría el Gobierno prohíbe a un presidente y a las empresas del Estado tomar deuda pública “interna o externa en moneda de curso legal y/o extranjera”, tal como señala el artículo 75 de la Constitución, que delega esa operación en el Congreso y Olmos padre e hijo denunciaron que fue violado por la ley de administración financiera, inaugurada en la última dictadura militar y prorrogada por todos los Gobiernos.

El artículo 3 habilita operaciones de crédito para “refinanciar, reperfilar o renegociar deuda pública”, pero sólo cuando el Congreso lo autorice con una ley aprobada por dos tercios. Deberá especificar el monto máximo a tomar, la capacidad de pago proyectada y el destino de los fondos, “que no podrá tener otra aplicación que gastos de inversión”. 

Rodríguez Saá en su proyecto prohíbe la “prórroga de jurisdicción”, como se conoce a los bonos emitidos bajo leyes de otros países como ocurre en Wall Street, epicentro de los acreedores que en estos días Guzmán intenta persuadir para reprogramar los vencimientos.

 

San Luis 24 Redacción Buenos Aires

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