Caso Romina Aguilar: la Cámara Penal que liberó a Lorenzeti cuestionó al Superior Tribunal de Justicia

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis declaró, a mediados de octubre, la nulidad del juicio y la sentencia por el crimen de Romina Aguilar, esposa del exintendente de La Calera, Diego Lorenzetti, ocurrido el 30 de enero de 2016.

Con el voto de los ministros Jorge Levingston, Jorge Fernández, Diana Bernal y Cecilia Chada – Carolina Monte Riso se abstuvo porque fue Fiscal de Cámara durante el debate -, el máximo organismo judicial resolvió que debe conformarse un “nuevo tribunal y se celebre un nuevo debate, con la premura que el caso amerita”.

El STJ se pronunció por los recursos de casación que presentaron tanto la Fiscal de Cámara, Marcela Torres Capiello, como los abogados defensores de los acusados que fueron condenados.

El 17 de julio de 2020, la Cámara de Apelaciones en lo Penal 1 de San Luis, integrada por José Luis Flores, Silvia Inés Aizpeolea y Jorge Eduardo Sabaini Zapata, condenó a 22 años de prisión a Edivaldo de Oliveira Pereyra y Cristian Leandro Vilchez como coautores del delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”. Diego Lorenzetti, que llegó como acusado de autor intelectual del crimen, fue absuelto por el beneficio de la duda.

Flores, integrante de la Cámara que dictó esa sentencia, cuestionó la resolución que tomó el STJ, en una extensa entrevista que brindó al portal El Chorrillero.

En sus declaraciones, el magistrado se mostró “preocupado” y con “expectativa” por la actuación del máximo órgano de justicia de la provincia, sobre todo al anular el debate oral. Se manifestó en desacuerdo y señaló: “Nos ha preocupado, sobre todo porque hemos hecho el trabajo con muchísima dedicación, muchísimo cuidado. Tenemos mucha confianza en el trabajo hecho”.

Remarcó que no hubo “ninguna observación procesal válida para anular un debate hecho con absoluta pulcritud; de hecho, los colegas que ejercieron la defensa y la señora fiscal no hicieron ningún tipo de valoración negativa en torno a cómo se había llevado adelante”.

Consideró que el Superior Tribunal debió expedirse sobre la sentencia y no sobre el debate oral.

Además, apuntó a la decisión del STJ: “Este tipo de interpretaciones terminan generando un pronóstico reservado de cuándo va a haber una solución para este caso; se queda sin solución, ni buena ni mala. Y queda abierta de nuevo la instancia del conflicto penal que conmociona, genera escozor social y sin posibilidades de que uno pueda tener a ciencia cierta qué resultado puede tener”.

En ese sentido, evaluó que para el nuevo debate, con un nuevo tribunal, que deberá realizarse por el fallo “pueden pasar mil cosas, testigos que mueran, que hartos de ser citados y haber esperado digan ‘no me acuerdo de nada’”.

Analizó también que este tipo de resoluciones deben tomarse para casos “excepcionales”, pero podría asentarse un precedente: “No es esta causa, sino claramente lo que deja para todas las otras”, dijo.

El homicidio de Romina Aguilar se produjo en la puerta de su casa del barrio Faecap de la ciudad de San Luis, a las 6.15 de la mañana del 30 de enero del 2016. La mujer se dirigía a La Calera, para finalizar sus estudios secundarios.

En ese escenario, la víctima, de 32 años, fue sorprendida por dos hombres que se conducían en una moto, cuando uno de ellos la tomó por asalto y disparó dos veces contra su cuerpo provocándole la muerte en el lugar.

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