Confirman la prisión preventiva para uno de los acusados de distribuir material de abuso sexual infantil

El Tribunal de Impugnación de la segunda y tercera circunscripción judicial confirmó la prisión preventiva por cuatro meses para uno de los acusados de distribuir material de abuso sexual infantil desde Villa Mercedes.

La defensa del imputado había solicitado el cese de la medida de coerción, al considerar que no existe riesgo de fuga ni posibilidad de entorpecimiento de la investigación. La prisión preventiva fue determinada por el juez Leandro Estrada.

La fiscal interviniente, Daniela Torres, realizó un relato desde el inicio de la investigación, mencionó la prueba incorporada, allanamientos, la intervención del Departamento de Delitos Complejos y el material peritado y que falta por peritar.

A su turno, Emanuel Correa Otazú, abogado del acusado, solicitó la inmediata libertad de su defendido mientras dure el proceso o subsidiariamente la prisión domiciliaria. Manifestó que el imputado tiene derecho a estar en libertad mientras dure el proceso, que no hay peligro de fuga, que tiene arraigo laboral y familiar y que no hay forma de obstaculizar la investigación.

Al respecto, la fiscal consideró que se debe mantener la prisión preventiva y manifestó que se trata de una investigación compleja, que no se dan los parámetros para una prisión domiciliaria y que existe un compromiso a los tratados internacionales sobre cibercriminalidad. Además, informó al tribunal sobre el informe del Registro Nacional de Reincidencia donde figura una condena del acusado.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal conformado por Hernán Herrera, Daniela Estrada y Aníbal Astudillo resolvió confirmar la medida de coerción, entre varias consideraciones tuvieron en cuenta, el cuadro probatorio suficiente, la posibilidad de que se reitere la conducta del acusado, el antecedente de condena. Además, mencionaron que existen riesgos vinculados al entorpecimiento procesal (posibilidad de destruir, ocultar o alterar pruebas de manera remota y directa) y el material que resta por peritar.

El caso se conoció a partir de allanamientos que realizó la Comisaría 9°, en conjunto con las Divisiones Homicidios e Investigación, el viernes 29 de julio donde se secuestró material informático, en marco de una causa originada en la provincia de Río Negro. Como resultado de ese procedimiento, fueron identificados dos hombres, a los que se les imputó provisoriamente el delito previsto en el artículo 128 del Código Penal Argentino.

El otro acusado cumple prisión domiciliaria por razones de salud.