Denuncian a una jueza y tres camaristas por un fallo en un caso de filiación que involucra a un exdiputado provincial

La abogada Ana López presentó una denuncia, ante la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio de Gobierno, Seguridad, Justicia y Culto, contra la jueza de Familia N°2, Viviana Oste, y los jueces de la Cámara Civil y Comercial N°2, Estela Inés Bustos, Néstor Marcelo Milán y Mónica Beatriz Ponce de Xacur – todos de la Primera Circunscripción Judicial -, por un fallo que “beneficia” a un exdiputado provincial, en el marco de una causa por Filiación y Daños y Perjuicios.

La causa judicial se inició por solicitud de un hijo extramatrimonial del legislador – mandato cumplido – Demetrio Augusto Alume. La jueza de primera instancia, a partir de pruebas de ADN y otras medidas que se incorporaron al expediente, hizo lugar a la solicitud de Filiación, pero determinó que el demandado debía abonar, como indemnización por no haber reconocido a su hijo, solo $60.000. El demandante tiene hoy 26 años.

Alume, según consta en la causa, supo desde el embarazo la existencia del joven y nunca se hizo cargo de su mantención y crianza.

El muchacho, que también supo siempre quién era su padre, decidió a sus 23 años recién iniciar la acción judicial.

La abogada, que representa al denunciante, apeló el fallo de primera instancia, pero la Cámara lo confirmó. Además de continuar con la instancia de apelación, decidió presentar la denuncia administrativa contra los jueces.

“Para arribar a esa vil suma de dinero, los fallos de los magistrados denunciados omitieron prácticamente referir a todo aquello que debería estar expresamente analizado y ponderado, incumpliendo groseramente las funciones del cargo y el deber que pesa sobre ellos”, señaló la letrada a SanLuis24.

En un análisis detallado sobre ambos fallos, López remarcó que los magistrados – tanto la jueza de grado como los camaristas – incumplieron “con la obligación de enmarcar el caso en la Constitución y normas de tratados internacionales vigentes, conforme lo ordenan los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. No existe mínima referencia a ello, a lo largo de la lectura de los interlocutorios, ni se refleja en lo resuelto”.

También consideró que, en ninguno de los dos casos, se hizo referencia a las circunstancias y pruebas de la causa. No hubo un solo párrafo que hablara de las declaraciones que prestaron diez testigos que detallaron cómo fue la vida del hijo del demandado.

Tampoco hubo alusión a los daños materiales y psicológicos causados al denunciante: “Realmente son fallos tan poco claros y visiblemente tendenciosos, que nada es casual en ellos”.

López detalló a SanLuis24 que, al momento de iniciar la demanda, solicitó el embargo preventivo de $862 mil pesos, como “asegurativo” de los daños y perjuicios. Pedido que fue aceptado por el Juzgado de primera instancia y, tras la notificación correspondiente, no respondido ni impugnado por el demandado.

El monto no fue observado ni reducido por la jueza Oste, “lo cual implica que a la a qúo, le pareció procedente la medida y coherente el monto tarifado, ya que el artículo 204 del C.P.C.C., ordena: ¨El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger¨”, sostuvo la abogada.

“Al correr traslado del embargo preventivo por la suma de $862.000 oportunamente trabado, el accionado ni siquiera lo contestó, ni impugnó, ni se ofendió por la extensión del mismo. Lo cual implicó consentimiento del monto de embargo preventivo, por parte de la contraria, al establecer el artículo 198 del C.P.C.C., en su parte pertinente: ¨…La providencia que admitiere o hiciere lugar a una medida precautoria será recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa¨”, explicitó López.

Y agregó: “Pareciera colegirse que ya a esa altura, el demandado sabría el resultado del pleito, y ni siquiera le importaba contestar los traslados”.

En otro de los puntos del fallo cuestionados por la letrada figura la llamativa omisión por parte de los magistrados para analizar la conducta asumida por el accionado, desde que tomó conocimiento de su paternidad y todo el proceso judicial “en el cual jamás le importó acordar e intentó hacer caer una prueba fundamental, como la pericia psicológica de su hijo, ya que lo perjudicaba notoriamente. De igual modo, y apenas cumplió su hijo veinticinco años, (durante el proceso), solicitó el cese de la cuota alimentaria provisoria e irrisoria del 15% de sus haberes que estaba abonando, no obstante saber que el actor estudiaba, (e intenta estudiar), una carrera universitaria”.

“Los magistrados denunciados (de primera y segunda instancia), tampoco refirieron siquiera, a la vida del actor, ni las circunstancias por las que atravesó, desde su nacimiento, producto de la falta de reconocimiento paterno, las carencias económicas ni los padecimientos emocionales ampliamente probados en autos, parte esencial en una sentencia por daños y perjuicios donde esta discriminado el daño moral como tal. Evitando siempre, hablar de todo aquello que subiría de plano, el monto indemnizatorio”, indicó la abogada.

En su denuncia, López resalta: “Los camaristas para intentar avalar una postura arcaica y desactualizada, efectuaron una única cita doctrinaria de hace más de veinte años, (Pizarro, Ramón, “Daño moral”, p. 339, Ed. Hammurabi, 1996), no aplicable en la especie y ¨vencida¨. Por lo que aparte de todo lo dicho, ambos fallos son nulos por desconocimiento de la materia sobre la que se expiden, y error grosero en la aplicación del derecho que corresponde, por anacrónico”.

En este sentido, consideró que el fallo representa un “peligroso, injusto y perverso antecedente”, ya que directamente avalan “desde la justicia”, que a los genitores biológicos, les “convenga” no reconocer a sus hijos. “Gracias a los magistrados denunciados, resulta “mucho mas barato no reconocer al descendiente biológico que si hacerlo”.

Además, el fallo afirma que “el resarcimiento no es punitivo”. Con esta postura, “los camaristas denunciados despojan al accionado de cualquier tipo de responsabilidad por su conducta omisiva, ilícita y moralmente reprochable. Lo cual, conforma casi la frutilla de la torta, armada a propósito del fallo puesto en crisis. Esto, porque decididamente, pone a la ¨justicia¨ a los pies de todos aquellos que decidan cometer este acto ilícito y literalmente ¨borrarse¨, al mejor estilo Alume”.

“No habrá mayores gastos para estos genitores biológicos, si algún día les hacen juicio, y no importará su conducta omisiva, dolosa, malvada o cómo fuera, porque hay fallos de Cámara que avalan este proceder antijurídico y disvalor moral”, sentenció López.

En otro punto, la letrada recordó que la propia camarista Estela Inés Bustos, cuando era jueza de Familia, fijaba montos muy superiores al que votó en esta oportunidad, en causas similares.

“No se trata de estar de acuerdo o no con lo resuelto, sino del abuso de sus funciones al momento de redactar el fallo, omitiendo ¨a propósito o ignorantemente¨ tratar puntos que incidirían en favor del actor y en detrimento del demandado. lo que efectivamente, así sucedió. Sentando un precedente para todos los justiciables, lo que trasciende el caso concreto y justifica la decisión de denunciar”, concluyó López.

Para presentar la denuncia administrativa contra los magistrados, la letrada se basó en el artículo 24 inciso 2 de la Ley Nº IV-0086-2004 (5651), “Ley Órganica de Administración de Justicia de la Provincia de San Luis”, que prevé: “Los Jueces, integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados podrán ser sancionados disciplinariamente: 2) Por las faltas u omisiones que en general se cometan en el desempeño del cargo…”.

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