El adjudicatario que intentó vender una casa social sin cancelar sería denunciado por fraude

AUDIO: VELIA GUIL (DIRECTORA DE LA SALA PENAL DE FISCALÍA DE ESTADO)

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Luego de la actuación administrativa de la Secretaría de la Vivienda, Fiscalía de Estado prepara una demanda por fraude contra el adjudicatario que intentó vender su casa social sin cancelar.

La unidad habitacional está ubicada en la manzana 42 de ese barrio. “Se ha detectado la venta ilegal de una casa: una persona adjudicataria, que ha firmado un contrato de adjudicación conociendo todas las limitaciones, ha sacado a la venta y publicidad una casa en la localidad de Merlo”, informó Velia Guil, directora de la Sala Penal de Fiscalía de Estado.

La abogada detalló que el caso es estudiado para ser encuadrado dentro del delito de “fraude en grado de tentativa”, porque no llegó a concretar la venta.

Además de la acción judicial, el propietario será desajudicado de la vivienda porque, de acuerdo a la nueva Ley Integral de Viviendas, las casas sociales “no pueden transferidas, cedidas ni vendidas”.

La norma establece “una serie de cláusulas cuyo incumplimiento nos permite el análisis de carácter civil y penal”, explicó Guil.

El caso fue detectado por una denuncia ante la Secretaría de Vivienda. Funcionarios de esa cartera corroboraron que la casa estaba a la venta por un monto de 65 mil dólares. La había publicado un corredor inmobiliario a través de la red social Facebook.

Los integrantes de Vivienda se comunicaron con el vendedor y se hicieron pasar por potenciales compradores para averiguar más sobre el tema: así descubrieron que la vivienda estaba vacía desde hace más de un año y que no estaba cancelada. El dueño se comprometía a terminar de abonarla a los 6 meses de la transacción, con parte del dinero pagado por el comprador.

El adjudicatario recibirá sanciones ya fijadas por la Ley de Viviendas: además de la desadjudicación, no podrá volver a inscribirse en un plan Provincial de Viviendas y no recuperará el dinero que abonó en las cuotas ya pagas.

Guil adelantó que la demanda recaería también sobre el agente inmobiliario, identificado como Juan Cruz Domínguez de Inmobiliaria del Cerro, porque no puede desconocer el alcance de la normativa referente a las viviendas sociales.