El Colegio de Abogados de San Luis, sobre el aborto: “El proyecto es inconstitucional”

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción de San Luis difundió un documento de seis páginas en el fija su postura ante el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que el miércoles se debatirá en el Senado de la Nación. El dictamen del órgano colegiado no depara sorpresas: se pronunció en contra del proyecto y lo calificó de inconstitucional.

 

Los abogados colegiados se apoyaron en jurisprudencia local e internacional, como los pactos a los que la Argentina adhirió y que tienen jerarquía constitucional.

 

Más allá de la letra fría del derecho analizada en el documento, el CASL se interroga sobre dos puntos interesantes. El primero tiene que ver con la “despenalización social” del aborto y el segundo sobre quién se hará cargo de las “erogaciones” en el sistema de salud si se aprueba la ley. Es decir: si la interrupción del embarazo será afrontado por las provincias o por el Estado nacional.

 

Dice el documento sobre el primer punto: “Observamos los fundamentos elevados en el proyecto, en el ámbito local no observamos la despenalización social que dice que se ha logrado a través de los años, por el contrario sólo observamos dos posiciones socialmente antagónicas y algunos pocos a los que el proyecto les resulte indiferente”.

 

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Sobre la cuestión sobre la cobertura económica de una interrupción voluntaria de un embarazo, los letrados apuntaron que “hemos observado que el tema fue tratado primeramente como una cuestión penal para pasar luego a ser debatido como una cuestión de salud pública (…) La preocupación legal también radica que por haberse omitido el tratamiento en la Comisión de Presupuesto del Senado (y por omitir referencias en el proyecto) no se permite avizorar quién sería el responsable de las erogaciones presupuestarias en el caso de entidades sanitarias públicas”.

 

Y concluye el documento: “En resumen, observando las normas internacionales, los dictámenes citados, la carencia de certeza de los fundamentos o del espíritu del proyecto, la dignidad humana operativa, la objeción de conciencia y demás  fundamentos explicitados, el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis considera que el proyecto I.V.E es inconstitucional y se pronuncia en contra del mismo”.