El drama de la familia de la nena que vive en el mismo barrio donde su violador cumple la domiciliaria

El hermano de la víctima denunció que el juez Violini incumplió con todos sus derechos. “No nos llamó en ningún momento para consultarnos nada”, dijo.

En los últimos días tomó dimensión pública la liberación de Pedro Olmos, un hombre de 67 años acusado de violar a una nena de 12 en abril de 2019. Desde hace tres semanas, el imputado cumple prisión domiciliaria a solo 30 cuadradas de la casa de la víctima. De acuerdo con Juan Carlos, uno de los hermanos de la menor, ni él ni su familia fueron notificados acerca de esta situación, y temen por posibles represalias de parte del agresor y de sus allegados.

“Le dieron la libertad sin avisarnos nada. El juez nunca se comunicó con nosotros. Nos enteramos a través de los medios”, aseguró el hermano de la nena en diálogo con TN.

En tanto, Gastón Santilli, abogado de la familia, dio detalles del contexto en el que se le concedió el beneficio a Olmos y cuestionó con severidad la decisión de la Justicia, a la que acusó de haber violado la ley.

“Él estaba preso con prisión preventiva por el hecho que ocurrió en abril de 2019, y tenía dispuesto un juicio abreviado con una pena pactada en 8 años. Antes, había estado prófugo durante 5 meses, con captura nacional e internacional, hasta que lo atraparon un día que volvió a su casa y lo escucharon Juan Carlos y sus hermanos”, relató el letrado.

Luego de su liberación a comienzos de abril, Olmos, que vivía al lado de la casa de la víctima, fue alojado en una vivienda ubicada a 30 cuadras del lugar sin tobillera electrónica. “Está a cinco minutos y sin ningún impedimento para que se presente en el domicilio y tome alguna represalia tanto con la menor, contra Juan Carlos o contra su familia”, expresó Santilli.

Además, sostuvo que la fuga del hombre tras haber sido denunciado por violación “no fue merituada en absoluto” a la hora de otorgarle la prisión domiciliaria. En este sentido, explicó: “Era algo que tendrían que haber hecho, porque nadie puede acceder a un beneficio de prisión domiciliaria o de morigeración de la pena si ya antes ha estado prófugo”.

En tanto, el letrado responsabilizó por la decisión al presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, que hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el abogado de Olmos según el cual su cliente padece hipertensión crónica y osteoporosis.

Sobre este punto, se refirió al magistrado como “el mismo que autorizó el amparo colectivo” en el que defensores generales pedían la libertad de los presos que formen parte de los grupos de riesgo del COVID-19, y agregó: “Otorgó la libertad del abusador de una menor de 12 años -uno de los delitos más graves del código-, y días después dispuso que el beneficio tiene que ser para aquellos delitos leves y que tiene que ser avisado a la víctima. En nuestro caso, no solo se trata de un delito gravísimo, sino que no se nos dio ningún tipo de notificación”.

De esta forma, Santilli acusó a Violini de “violar por completo la ley de derechos de la víctima”, que en el artículo 5 inciso K establece que la misma tiene derecho “a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente”.

Por último, y en relación con los padecimientos alegados por la defensa de Olmos, denunció que las comorbilidades planteadas “no se han acreditado en su expediente”, y que “no se realizó ninguna pericia” para comprobarlas.

Fuente: TN

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