El explotador y el propietario de un local bailable deben indemnizar a los vecinos que sufrieron molestias por el volumen de la música y demás ruidos

Procede la indemnización de la incapacidad psicológica sufrida por los actores a causa de los ruidos molestos provenientes de un local bailable.

Sumario:
1.-Corresponde disponer que el explotador y el propietario de un local bailable indemnicen la incapacidad psicológica y el daño moral sufridos por los actores, al estar acreditada la existencia de ruidos molestos -volumen de la música y demás ruidos- que exceden la normal tolerancia entre vecinos en los términos del art. 1973 del CCivCom.

2.-En los supuestos en los cuales el daño es consecuencia de una actividad riesgosa o peligrosa, responde quien realiza tal actividad, se sirve u obtiene un provecho de ella y ello es así pues, en este caso, no existe un dueño de la actividad, sino que es responsable quien ejerce un poder fáctico sobre su desarrollo, quien la ejecuta o desarrolla con un poder real autónomo e independiente de dirección sobre ella.

3.-La legitimación pasiva en el caso del cese de inmisiones será ejercitada contra el autor de las molestias excesivas, pero puede también darse una legitimación conjunta, al demandar el vecino estoico que soporta los disturbios al autor de ellos -un inquilino, o un constructor, por ejemplo- y al titular registral del fundo en que ellos se producen.

4.-Lo que legitima a una persona para demandar el cese de las inmisiones no es su relación jurídica con el fundo afectado -trátese de propietario, usufructuario o tenedor-, sino simplemente su calidad de ‘vecino’, y como tal, de afectado en forma directa por esas molestias.

5.-Deben considerarse legitimados para acudir a los mecanismos legales previstos en el art. 1973 del CCivCom. todos aquellos que resulten virtualmente afectados por las molestias causadas en razón de la vecindad y este criterio es el que mejor se compatibiliza con la finalidad concreta de la norma y con la realidad social, por cuanto -más allá de otras circunstancias y particularidades-, lo que se procura, en definitiva, es impedir que las actividades desarrolladas en un inmueble ocasionen molestias indebidas a las personas y bienes existentes en las fincas colindantes o próximas al mismo.

6.-Están legitimados activamente para reclamar el cese o la indemnización por inmisiones, el propietario del fundo afectado por el uso excesivo, pero también el usufructuario, el locatario o el poseedor del mismo, que son quienes soportan las molestias excesivas.

7.-Cuando, como en el caso, se afecta la salud de alguna persona, el estricto examen del límite objetivo de la normal tolerancia (por ejemplo, en decibeles de ruido) se hace en cierta medida innecesario; pues si se resiente la salud concreta de ese individuo es porque obviamente su aptitud de soportar inmisiones ha sido sobrepasada.

8.-A efectos de precisar cuáles son las molestias que exceden la normal tolerancia entre vecinos y que no deben aceptarse como precio de la civilización moderna, es necesario formular un juicio de valor, y como tal, su determinación puede ser motivo de disquisiciones y críticas, en tanto constituye, una cuestión de hecho librada a la apreciación judicial.

9.-La responsabilidad prevista por el antiguo art. 2618 del CC. y que se mantiene en el actual art. 1973 del CCivCom. se funda en un factor objetivo, ajeno a la idea de culpa, lo que impone al actor la carga de probar la relación de causalidad y la existencia y magnitud de los daños, en el caso de que existieran y esta carga debe ser rigurosa, como una especie de compensación procesal equitativa, dado que el demandado no se libera probando su ausencia de culpa.

Fallo:
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza – Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados «ROMERO ROSETTI CLAUDIO ADRIAN JAVIER Y OTROS C/ MONER MAXIMO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)» LM-19793-2015 habiéndose practicado el sorteo pertinente art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI- POSCA – PEREZ CATELLA- resolviéndose plantear y votar la siguiente:

C U E S T IO N ES

1° Cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

2° cuestión: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? VOTACION

A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE NICOLAS TARABORRELLI, dijo:

I.- Antecedentes del caso

La sentenciante de grado, resolvió: «Hacer lugar a la demanda promovida por daños y perjuicios contra Máximo Omar Moner y Mario Antonio Sestan, quienes deberán abonar la suma de $1.348.000 ( Un millón trescientos cuarenta y ocho mil pesos) a Claudio Adrián Romero Rosetti, la suma de $ 50.000( cincuenta mil pesos) a Marta Teresa Rosetti y la suma de$948.000 (novecientos cuarenta y ocho mil pesos) a Marcela Alejandra Ayala en el plazo de diez días. A los montos de condena deberán adicionarse los intereses calculados de acuerdo con las pautas establecidas en el considerando 5. 2 Imponer las costas por la demanda que prospera a los codemandados vencidos de acuerdo con lo resuelto en el considerando 7.2. 3. Hacer lugar a la falta de legitimación opuesta por el codemandado, Juan Pablo Jorge. 4. Imponer las costas a los actores por la defensa de prospera, de acuerdo con el considerando 7.1.5.Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad».

Contra dicha forma de resolver, apelaron con fecha 4/11/2020 la parte demandada condenada y con fecha 5/11/2020 los actores, recursos que fueran concedidos libremente el día 11/11/2020.

Elevadas las presentes actuaciones, y radicadas por prevención ante esta Sala Primera, se llamó a expresar agravios el día 14/07/2021, cumpliendo las partes con dicha carga procesal el día 06/08/2021 la parte demandada y el día 10/08/2021 la parte actora (con aclaratoria de fecha 23/08/2021). Corrido el pertinente traslado de los agravios, y luego de rechazada la documental -fotos- ofrecida por los actores, contestaron los accionantes mediante presentación de fecha 10/02/2022 -subsanado con el adjunto de firma de parte en pdf el día 16/02/2022-, dándose por decaído el derecho a los accionados.

En consecuencia, una vez en condiciones, se llamaron autos para sentencia y posterior sorteo de vocalía con fecha 23/03/2022.

II.- Fundamentación de la parte actora

De la atenta lectura de los agravios expuestos por la parte actora, se observa que esta se queja por la procedencia de la falta de legitimación pasiva del co-demandado Jorge Juan Pablo.

Que la sentenciante de primera instancia parte de un error al dictaminar que el co-demandado Jorge Juan Pablo no reviste condición de guardián o dueño del local bailable Ginebra, ex Lupita, sito en Av.Lasalle 4172, González Catán, La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

Que si bien el co-demandado Jorge Juan Pablo, conforme prueba producida a AFIP por la demandada, resulta inscripto como monotributista para realizar una actividad de venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento balanceado para mascotas, no excluye que desde el mes de septiembre de 2014 hasta al menos por dos años, luego de iniciada la demanda por daños y perjuicios en su contra como co-demandado el 11/11/2015, el nombrado se desempeñara como parte visible del local nocturno ante el público concurrente a dicho local, ante el municipio y ante los actores, lo cual lo ubica en una relación comercial y de lucro respecto de la actividad desarrollada en el local nocturno lindero al hogar de los actores.

Que, según la contestación de demanda, la actividad desarrollada para el boliche bailable del señor Jorge era relacionista público, que de por si es una relación comercial y no de amistad con el señor Moner. Que a un amigo o persona meramente allegada no se lo somete a exámenes médicos periódicos exigidos por el ente municipal tales como los obrantes a fs. 111 de fecha 3 de septiembre de 2014 y fs. 127 de fecha 1 de septiembre de 2015, contenidos en el Expte. N° 10087/14 de Habilitación; configurándose -entienden los apelantes- la presunción de lucro. Que las funciones del codemandado excedían ampliamente las tareas que debería realizar un relacionista público, atento que firmó como encargado el acta de infracción N° 00069826 de 2015, 20:42 horas, a fs. 97 en Expte. N° 10087/14 de Habilitación; que asimismo, a fs. 98 en Expte. N° 10087/14 de Habilitación el señor Jorge Juan Pablo firma, aclara, coloca su DNI y su cargo de: ENCARGADO en mayúscula en acta de Inspección de Seguridad Antisiniestral en «Certificado de Inspección Antisiniestral», siendo las 15:30 horas del mes de enero de 2015; Que en el Certificado emitido por el Cuartel de Bomberos de Policía- Mdo. Ctral. La Matanza, in fine dice: «OBSERVACION: Presente encargado quien firma el acta.»; al igual que en otra oportunidad en acta de inspección de fecha 15 de mayo de 2015 en el horario de 20:50 horas en Expte. N° 10087/14 de Habilitación a fs.112 vta. vuelve a firmar con aclaración y DNI. Que de forma palmaria es el comportamiento de un encargado y/o guardián.

Que estos actos fueron realizados durante más de dos años; demostrando que tuvo el carácter de responder ante el Municipio, cargando con ello la calidad de persona responsable por los daños que pudiera ocasionar, y que ocasionó la actividad desarrollada por el local nocturno a la vida de los actores. Todo ello, según consta en expediente de Habilitación 10087/14 solicitado como prueba informativa, punto c) 1. por la demandada en contestación de demanda y agregada en sobre grande (fs.146), conforme se expide en el expediente de daños y perjuicios N° 19793/2015 a fs. 153.

Que los horarios y días de las actas adjuntadas en la prueba informativa ubican al co-demandado Jorge en plena actividad útil destinada al local nocturno haciéndose cargo de la continuidad del local comercial.

En suma, reitera que el señor Jorge Juan Pablo revistió la condición de guardián del local causando daños a los actores y conforme el artículo 1758 y concordantes del Código Civil y Comercial debe atribuírsele la responsabilidad por el daño causado.

Finalmente, como segundo agravio, se quejan por las costas impuestas por dicha excepción rechazada, solicitando se impongan las costas al co-demandado Jorge Juan Pablo.

III.- Fundamentación de la parte demandada

De la atenta lectura del escrito de agravios de la parte demandada, se observa que esta se queja por:»La arbitraria valoración de la prueba, con la consecuente errónea imputación de responsabilidad en cabeza de los demandados; La excesiva suma por la cual progresara el resarcimiento en concepto de daño Psíquico y moral de los actores. La imposición de costas».

Respecto a la responsabilidad endilgada a Moner Máximo y Sestan Mario Antonio manifestó el letrado apoderado que se ha incurrido en una incorrecta valoración integral de la prueba producida en el expediente, por cuanto surge como indubitable la culpa de los codemandados en el acaecimiento del hecho dañoso.

Del mismo modo, se queja por la valoración que la jueza le otorga a diversos expedientes administrativos iniciados por denuncias de la parte actora por ante la Municipalidad de La Matanza, con anterioridad a la presentación de la demanda. Que la Municipalidad de La Matanza, no cuenta con técnicos ingenieros especialistas en medición sonora, conforme surge de la contestación de oficio de fs. 485/487, recibido en respuesta de la solicitud de realizar mediciones al local de la demandada.

Que, por ello, resulta totalmente incomprensible ponderar las diferentes actuaciones carentes de sustento jurídico, que en forma arbitraria pudo realizar la Municipalidad de La Matanza, con antelación a la presentación de demanda realizada por la actora.

Por otra parte, le agravia, la valoración que se le otorga a la conducta del co-demandado en dichos expedientes, presumiendo que era consciente sobre la inmisión abusiva provocada por el nivel sonoro del local nocturno por «acompañar un presupuesto de Acustec S.A.»; que si bien manifestó en el momento de absolver posiciones que «explotaba el boliche y que había firmado un contrato con Sestan»; y por haber sido intimado por el Municipio de La Matanza a realizar trabajos de insonorización, resultaba evidente que el Sr.Moner en esa oportunidad, se ajustó a las intimaciones que el Municipio le ordenaba ante la denuncia de la actora, ello sin reconocer hechos ni derechos, al solo efecto de, por un lado mejorar la insonorización del local y por el otro, lograr, cesen los diferentes reclamos infundados para poder seguir trabajando.

Que la sentenciante de grado no valoró la manifestación de Moner, quien aseguró que el local se abría los Viernes y Sábados, que La Municipalidad de La Matanza realizo sanciones por falta de pago de tasa REBA (Registro Provincial de comercialización de bebidas alcohólicas), y seguridad e higiene entre otras cosas, y que el local era explotado desde el año 2015 concordando con las posiciones del Sr. Sestan Mario y Jorge Pablo, conforme acta de la audiencia videograbada del 25 de octubre del 2018.

Del mismo modo, se queja de la valoración que la juez otorgara a la pericia realizada por la perito María Alicia Aguilar, designada por el juzgado, ante la negativa por parte de la Municipalidad de realizar la pericia encomendada por las razones expuestas anteriormente, ignorando la primer medición (presentación fecha 8/12/2018), realizada en autos por el Ingeniero Sergio Gabriel Galeri Matricula 5 3913 del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, designado por acuerdo de partes en audiencia de fecha 12 de Setiembre de 2018 y la segunda cuyo informe se acompañara en fecha 28/02/2019. Que, la perito María Alicia Aguilar, utilizó en forma errónea, la norma IRAM 4062/2016 para informar que el nivel sonoro en esa vivienda en relación del local bailable era molesto. Que sumado a ello, y sin perjuicio de no haber sido planteado en su momento, la juez al otorgarle valor al informe de esta profesional, no verifica que el medidor utilizado en tal pericia, no cumple con los requisitos técnicos exigidos en la norma IRAM 4062, por no cumplimentar lo indicado en la norma IRAM 4074 partes 1 y 3.»LA NORMA IRAM 4062 EN EL APARTADO QUE ESPECIFICA LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS QUE DEBE CUMPLIMENTAR EL MEDIDOR DE NIVEL SONORO, HACE REFERENCIA A ESPECIFICACIONES DE LA NORMA IRAM 4074 PARTES 1 Y 3″.

Que respecto a la norma IRAM 4062 es la que regula los ruidos molestos al vecindario, sin perjuicio de ello, cada municipio puede reglamentar respecto de la norma utilizada. Que en ese sentido a fs. 582, se ordenó remitir oficio a la Municipalidad de La Matanza para que informe con carácter de urgente, cual es la normativa vigente para evaluar los ruidos molestos. Que por ello, a fs. 584 a 592, La Municipalidad de La Matanza informó que la Ordenanza 9847 es la que regula los ruidos molestos en el ejido Municipal de La Matanza. Por lo cual, expone el apelante que siendo que en base a la categoría en que se encuentran comprendidos la vivienda de la actora y el local bailable art 8° Ámbito III de dicha ordenanza, y el resultado de las diferentes mediciones realizadas en autos, concuerdan en que no existían ruidos molestos.

Asimismo, se queja de la valoración que la Sra. Jueza le otorgara al testimonio de la testigo Mabel Graciela Montes. Que en este sentido, la testigo dijo que «en verano, a las 12 o 1:00 de la madrugada, sale al patio y la música se siente», es decir, debía salir al patio para escuchar la música pues desde el interior de la vivienda no sucedía. Que además no especificó de qué boliche provenía la música. También, cuestiona dicho testimonio, en cuanto no logró especificar desde cuando funcionaba el local bailable ni del resto de los boliches que se encontrarían en frente.Finalmente, destacó otros aspectos a los cuales me remito en honor a la brevedad, para referir que resultaba evidente que la testigo se encontraba molesta por los episodios que se suceden en una cuadra con evidente actividad nocturna de fin de semana, sosteniendo esta parte que las molestias podrían haber sido causadas por gente que asiste a diferentes locales.

Que los testigos, Carla Gimena Leguizamón Montes, Mabel Graciela Montes, Carlos Eduardo Marques y Silvana Alicia Murad, vecinos del lugar, coincidieron en señalar que el referido local nocturno «está ubicado en una zona de locales comerciales y que hay varios que funcionan por la noche» (ver acta de la audiencia videograbada del 25 de octubre del 2018), y el sonido podía provenir de cualquiera de los 6 boliches existentes en la cuadra (ver acta de la audiencia videograbada del 25 de octubre del 2018 testimonio de Carlos Eduardo Marques y Silvana Alicia Murad). Que asimismo le agravia, la valoración que la jueza le otorgara al testimonio de Carla Gimena Leguizamón Montes (hija de la anterior). Quien manifestara que conocía al grupo familiar de los actores «desde que tenía uso de razón», que la actora Marta Rosetti había sido «su maestra» evidenciando así, una relación de amistad de años que, a su entender, quitan objetividad al testimonio; citando otras cuestiones expuestas por la testigo que entiende, resultaban ajenas al objeto del presente, mostrando al mismo tiempo resignación por vivir en una zona de boliches.

Por último, se queja la parte accionada y condenada de la valoración que se le otorgara al testimonio de Marcelo Mastropieto, quien no realizó ningún tipo de acreditación fehaciente que permita suponer idoneidad para opinar sobre cuestiones técnicas sobre lo narrado.Que la actora lo contrató en 2015 aproximadamente (hace tres años), para que verifique el estado de la propiedad, exponiendo el letrado apelante que se puede observar que el señor fue contratado cinco meses después de la apertura del boliche, evidenciando – considera- que si la vivienda poseída algún deterioro, habría sido por el uso de la misma u otra cuestión ajena al objeto del presente.

Continuando con el relato de los agravios, se observa que se han quejado por los rubros indemnizatorios. En efecto, manifestaron se ha otorgado la suma de $1.200.000,00 en concepto de daño psíquico y $48.000 en concepto de gastos por tratamiento psicológico para el actor Claudio Adrián Romero Rosetti; Y la suma de $800.000 en concepto de daño psíquico y $48.000 en concepto de gastos por tratamiento psicológico para la actora Marcela Alejandra Ayala.

Por lo cual, entienden que al referido rubro se lo ha otorgado como un rubro autónomo, lo que entiende debió de considerarse subsumido dentro del daño moral. Cita jurisprudencia que entiende respaldatoria. En consecuencia, considera que no resulta fundada dicha partida indemnizatoria, incurriéndose en arbitrariedad. Que además no existe nexo de causalidad adecuado entre el actuar de los demandados de autos y el daño y tratamiento psíquico aludido por la parte actora, solicitando por ello su rechazo.

Con respecto al daño moral, argumentó que resultaban excesivas las partidas asignadas a los actores. Que las sumas fijadas por este concepto, no guardan relación alguna con las constancias de la causa ni con la realidad económica que circunda al expediente. Que se ha hecho una ponderación por demás excesiva del quantum de este rubro sin hacer uso del criterio de equidad con que debe valorarse la lesión sufrida. Que la falta de acreditación de sus ingresos, la falta de prueba respecto de toda afectación a sus actividades lucrativas y sociales, resulta forzoso concluir en la exorbitancia del monto fallado por la Sra. Jueza por este concepto.Solicita se reduzca el monto otorgado.

Finalmente, se queja por la imposición de costas, solicitando el rechazo y con costas a la parte actora.

LA SOLUCION

Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).

Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).

LA SOLUCION

IV.- Límites al dominio. Inmisiones. Código Civil y Comercial de la Nación Conforme constancia de la sentencia apelada, «La demanda tiene origen en el reclamo efectuado con motivo de los ruidos molestos provenientes de la explotación del local nocturno «Lupita», ubicado en la avenida Juan Bautista Lasalle Nro 4172 de González Catán, lindero a la vivienda de los actores. Según el relato de los actores, ese local se instaló el 8 de octubre de 2014. Afirman que desde entonces, los fines de semana y los feriados el volumen de la música produce ruidos y vibraciones que interfieren en sus vidas y les impide el descanso durante las noches».

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Fuente: Microjuris