El Gobierno quiere avanzar en la designación de jueces

El Gobierno quiere terminar el primer mandato de Mauricio Macri, que en octubre buscará su reelección, con la designación de más de 300 jueces federales, con la Corte Suprema con menos revuelo con el que cerró a fin de año y con el pliego de Inés Weinberg de Roca, la candidata a procuradora de la Casa Rosada, al menos en la mesa de negociaciones con el PJ en el Senado.

 

La mesa judicial que rodea al jefe de Estado, ya célebre en el gabinete, se reunirá esta semana por primera vez en el 2019 con esa hoja de ruta. El encuentro está previsto para el martes, en el primer piso de la Casa Rosada, y contará con los mismos integrantes que el año pasado, algunos de ellos recién vueltos de las vacaciones.

El ministro Germán Gavarano y el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello; el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; el procurador Bernardo Saravia Frías; Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, y Santiago Otamendi, secretario de Justicia, serán de la partida. El diputado Pablo Tonelli, también consejero, tendrá un lugar en la mesa pasado mañana.

 

Antes del inicio de las sesiones extraordinarias de febrero, que Macri convocará en las próximas semanas y cuyo temario -acotado- aún no está definido, el Gobierno terminará de enviar unos 30 pliegos de jueces que se suman a los 90 que ya tiene el Senado. “La idea es aprobar varios en extraordinarias”, confirmó a este medio uno de los integrantes de esa mesa que aconseja, debate, selecciona y negocia con el Poder Judicial.

Hasta ahora, el Gobierno avanzó en la designación de más de 200 magistrados. La idea de la Casa Rosada aprobar otros 100 pliegos. Fue uno de los temas que sobrevoló el café que tomaron Marcos Peña y Miguel Ángel Pichetto hace una semana y media, en el despacho del jefe de Gabinete, donde conversaron sobre los temas a tratar en febrero en el Senado.

 

El Gobierno no solo mira los tribunales penales federales de Comodoro Py, donde se tramitan las causas de corrupción de los funcionarios actuales y de la gestión anterior. La mesa judicial de Macri, por ejemplo, cumplió con buena parte de sus objetivos: jubiló a Norberto Oyarbide, desplazó a los camaristas Jorge “Pati” Ballestero y Eduardo “Chiche” Freiler y autorizó la mudanza de Eduardo Farah a Penal Económico. Fueron los tres magistrados que intervinieron en la causa de las escuchas en la administración porteña durante la jefatura de Macri.

En el primer caso, el de Oyarbide, fue clave el rol de Daniel Angelici, el presidente de Boca y amigo del Presidente que oficia de gestor judicial en temas puntuales y que suele reunirse en “Pizza Cero”, sobre la avenida Libertador, el bar preferido de Horacio Rodríguez Larreta y de buena parte del PRO porteño. El dirigente xeneize fue relevante en la designación de María Eugenia Capuchetti como reemplazo de Oyarbide. También el jefe de Gobierno y la gobernadora María Eugenia Vidal.

 

Angelici no integra la mesa judicial. No le hace falta. Igual que a Fabián Rodríguez Simón, uno de los cerebros jurídicos del Presidente, que se pasó las últimas semanas entre Estados Unidos y Europa por el juicio del fondo Burford Capital contra el Estado por la estatización de YPF.

El Gobierno avanza en los fueros comercial y contencioso administrativo, donde litiga el Estado, claves para el gabinete jurídico que rodea al jefe de Estado y con mucha menos trascendencia mediática que los tribunales de Comodoro Py.

 

En esa instancia sí el PJ es mucho más decisivo en la negociación. En Entre Ríos, por caso, ya se designaron a los flamantes jueces de Gualeguaychú y de Concordia, pero falta el de Victoria. El pliego enviado por Macri para esa vacante es el de Luis Manuel Angelini, el candidato que Elisa Carrió le propuso a la mesa judicial a través de Torello, uno de los interlocutores jurídicos de la diputada con el Gobierno. Fuentes del bloque del PJ en el Senado aseguraron a este medio que no hay ánimos de avanzar con ese pliego.

La relación entre “Lilita” y la mesa judicial que vuelve a reunirse esta semana terminó tensa el año pasado.

La líder de la Coalición Cívica pidió en octubre el juicio político del ministro de Justicia, dijo que había perdido la confianza en Macri por la supuesta complicidad de un sector de ese grupo con la “impunidad de la Justicia” y se metió de lleno en la renovación del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado, entre otras cuestiones, de la remoción y selección de los jueces en el que Cambiemos perdió un sillón en manos del PJ, un duro golpe que hizo crujir a la coalición oficialista.

 

La diputada tiene una relación cercana a Tonelli, uno de los consejeros del Gobierno, que entra y sale en la mesa judicial. Y pudo imponer, de suplente, al diputado Juan Manuel López, uno de sus principales asesores jurídicos. Aunque la jugada de Carrió estuvo a punto de ser mucho más ambiciosa: había logrado convencer a un sector del Gobierno de correrlo a Mahiques de su rol de representante de la Casa Rosada en ese organismo. “Lilita” tensó tanto la cuerda con Macri que se le desactivó la avanzada. El Gobierno redefine su vínculo con la nueva conformación del consejo.

 

En la reunión de esta semana, el vínculo con la Corte Suprema será otro de los ejes a analizar de cara al 2019. “Creemos que hay una presidencia de (Carlos) Rosenkrantz por dos años”, confió, esperanzado, uno de los integrantes de la mesa que asesora al jefe de Estado.

En tres meses, la Casa Rosada pasó de la euforia a la preocupación. Si la salida de Ricardo Lorenzetti como presidente del máximo tribunal de Justicia había sido festejada por casi todo el círculo jurídico de Macri, la rebelión contra Rosenkrantz con la que terminó el año la Corte llevó, incluso, a que varios de ese círculo practicaran una silenciosa pero sentida autocrítica.

 

“No debería ser un año conflictivo, aunque entendemos que Rosenkrantz no se va a arreglar con los otros tres jueces”, explicaron en alusión a Lorenzetti, Horacio Rosatti -propuesto por Carrió- y Juan Carlos Maqueda, el trío de mayoría por fuera del presidente y de Elena Highton de Nolasco. El fin de año, por lo pronto, sí fue conflictivo: la mayoría convalidó un cambio en el cálculo de ajuste de los haberes jubilatorios, un fallo que la Casa Rosada daba por perdido varias semanas antes de la resolución.

El oficialismo se ilusiona, sin embargo, con novedades para este año en torno a la situación de Highton de Nolasco, desde hace rato en condiciones de jubilarse. Garavano, uno de los interlocutores con el tribunal, todavía conversa con Lorenzetti, que durante meses protestó cuando era presidente por la insistencia de Carrió en relación al pedido de juicio político. Macri, de todos modos, nunca dejó de hablar con Lorenzetti.

 

En los últimos meses, un sector de la mesa judicial intentó rescatar al pliego del naufragio con ensayos de negociaciones con el PJ y estrategias de diverso vuelo. En una de ellas, ahora desactivada, se proponía incluir en las conversaciones la postulación de Hernán Gonçalves Figueiredo, bien visto por el PJ y los jueces electorales, a la vacante en la Cámara Nacional Electoral. Una designación que divide al gabinete jurídico del Gobierno y a Cambiemos: la otra candidata, Alejandra Lázzaro, está relacionada a la UCR.

 

Fuente: Infobae

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