El segundo fue el vencido: destituyeron e inhabilitaron por 7 años a Silvina Lafuente

Ni siquiera miró para abajo ni se mostró sorprendida. Silvina Verónica Lafuente, titular del Juzgado de Familia y Menores 2 de Villa Mercedes fue destituida luego de ser sometida al segundo juicio político en su carrera como funcionaria del Poder Judicial. El Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia entendió en forma unánime que Lafuente incurrió en graves faltas que van desde la ineptitud en el ejercicio de sus funciones, acoso laborar, denegación de justicia y mora judicial.

 

Además el pleno del Jurado de Enjuiciamiento ordenó la inhabilitación por siete años para que Lafuente ejerza en cargos públicos.

 

Esta vez, a diferencia de lo que pasó en el primer proceso que enfrentó por casi las mismas causales pero en 2014, cuando había liberado a un condenado por una de los casos de abuso sexual más aberrantes ocurridos en Villa Mercedes, la pata judicial del Jurado –compuesto por integrantes del Poder Judicial, del Legislativo y abogados-, la sostuvo y salió airosa.

 

Esta vez –y como se sabía desde que se formó la causa en su contra-, Lafuente iba derecho a la destitución.

 

Luego de escuchar el extenso veredicto de 68 páginas, Lafuente se acomodó la pollera, tomó su cartera y se levantó mirando de frente. Lo mismo hizo su abogada, la defensora oficial Nadia Agundez.

 

Con la misma tranquilidad la ex jueza habló con un grupo de periodistas y volvió a cargar contra el sistema judicial que ella misma integró hasta hoy y al que acusa de perseguirla durante los cuatro años que pasaron desde que fue absuelta en el primer juicio político. Se sabe, y aunque hoy no lo dijo, que Lafuente siempre apuntó como causante de sus males al Superior Tribunal de Justicia y al Procurador General Fernando Estrada, quien llevó la acusación durante el proceso.

 

“Qué se puede esperar de funcionarios que han sido inducidos a declarar y que se prestaron a esta circunstancia de persecución. Y de funcionarios que desde hace cinco años vienen acorralando a este Juzgado, puntualizando en este juez”, dijo con lapsus incluido a la salida del juicio, cuando ya no era más titular del Juzgado de Familia y Menores.

 

La parte resolutiva de la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento difundida por el área de Prensa del Poder Judicial señala que Lafuente mostró “ineptitud o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable y grave del derecho, incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, morosidad en el ejercicio de sus func¡ones, consistente en la inasistencia al lugar habitual de cumplimiento de sus funciones en el horario fijado por la Ley Orgánica de Tribunales. Asimismo, no dar cumplimiento a los plazos procesales establecidos por los códigos de procedimientos para dictar decretos simples; resoluciones; sentencias judiciales. Realizar cualquier acto procesal que provoque la demora en la tramitación del expediente, graves irregularidades en el procedimiento, que hayan motivado el desprestigio del Poder Judicial; mal desempeño de sus funciones y mala conducta, negligencia, y la morosidad injustificada en el ejercicio de sus funciones declarándosela culpable de los delitos que se le imputan”.

 

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Durante el proceso se probó que ejerció violencia laboral contra sus dos secretarias y que nunca hacía las sentencias sino que se limitaba a corregir aspectos sintácticos y gramaticales. También que en su Juzgado existió una terrible mora en la tramitación de expedientes, hecho comprobado por una auditoría interna que el año pasaron hicieron los ministros del Superior Tribunal de Justicia Carlos Cobo y Omar Uría, ya jubilado.

 

Lo que Lafuente dijo en forma breve luego del fallo fue lo mismo que argumentó tras  la ronda de alegatos y de escuchar la dura acusación del jefe de los fiscales: que es una perseguida y que estaba “en la mira” desde 2014.

 

Ahora todo el material producido durante el Jury será girado a un fiscal de Instrucción de turno para que amplíe la investigación y determine si existen elementos como para que comience una investigación penal, algo que también se pidió en otros juicios políticos –los últimos tres tuvieron a jueces villamercedinos como acusados y todos fueron destituidos-, pero la petición no avanzó más allá de una cuestión formal.