El Senado aprobó un paquete de proyectos judiciales

Con 49 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este miércoles el proyecto para ensamblar nueve leyes aprobadas por el Congreso al nuevo Código Procesal Penal, sancionado en 2014, cuya implementación está trabada por un decreto que Mauricio Macri firmó a pocos días de asumir como presidente.

El interbloque Cambiemos contó con respaldo de los senadores peronistas de Argentina Federal y los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari, mientras que los rechazos fueron de ocho de los nueve integrantes del Frente para la Victoria-PJ -Cristina Kirchner estuvo ausente-, la rionegrina Magdalena Odarda y el porteño Fernando “Pino” Solanas.

Además, en la votación hubo dos abstenciones, de los puntanos Adolfo Rodríguez Sá y Eugenia Catalfamo.

“La sensatez indica que el proyecto debe volver a comisión. Hay interrogantes que no pueden quedar en manos de los jueces, deben estar en la ley. Así no estoy en condiciones de dar mi voto, ni por la negativa ni la afirmativa”, argumentó el ex gobernador de San Luis.

Algunas de las leyes que se busca acoplar al Código Procesal Penal son la Ley de Flagrancia, la Ley del Arrepentido, la de Técnicas Especiales de Investigación, la de Responsabilidad Penal Empresaria y la de Ejecución de la Pena, todas ellas sancionadas en los últimos dos años.

“Se trata de normas que introducen cuestiones procesales que no se compadecen con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, hubo que hacer una tarea de ensamble y había que acomodar el texto”, señaló uno de los autores de la iniciativa, Rodolfo Urtubey (Justicialista).

Cristina Kirchner intentó -con apoyo de Rodríguez Saá y “Pino” Solanas- que el proyecto volviera a comisión para continuar y profundizar su análisis, pero la moción de la ex presidenta resultó con 44 votos en contra y sólo 15 a favor.

Nuevo régimen de subrogancias

Por otro lado, el Senado convirtió en ley este miércoles el nuevo régimen de subrogancias en los tribunales inferiores del Poder Judicial nacional, un proyecto que venía en revisión de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

La norma viene a reemplazar la ley 27.145, sancionada durante el kirchnerismo, que fue declarada inconstitucional en 2015 por la Corte Suprema de Justicia, que consideró que afectaba la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos, pues permitía al Consejo de la Magistratura elegir subrogantes para un tribunal o caso determinado, en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el procedimiento constitucional.

En representación de la provincia de San Luis, el senador de Unidad Justicialista Adolfo Rodríguez Saá manifestó que “defender los derechos y garantías que nos da la Constitución Nacional parece redundante a esta altura, sin embargo son puestos en dudas todos los días y por eso debemos tener una firme convicción al respecto” e insistió en que “el principio de inocencia está ligado a la dignidad de las personas, pero hoy los medios de comunicación deciden antes que los jueces opinan si una persona es o no culpable; a esto se prestan aquellos que quienes que cuando detienen a una persona los filman en pijama o un casco ridículo”.

“Estas cosas que se están haciendo hoy no se hacen, estas cosas van a ser la mayor mancha de la historia reciente. No tenerle respeto a las personas es una falta gravísima a esta altura, el juez natural es el que lo tiene que juzgar, no un juez a medida y que ayude a tapar el delito o que

condene sin derecho a defensa”, añadió y aseguró que “esta ley es un paso importante, no solucionará todos los problemas pero es relevante”.

Además advirtió que “el Consejo de la Magistratura ahora está puesto como un órgano por encima de todos, por arriba del Ejecutivo, del Parlamento y de la Corte. Es un grupo cerrado y desconocido, que delibera en la oscuridad y que resuelve con acuerdos de ellos de acuerdo a su conveniencia”.

En resumen, el nuevo régimen establece que los magistrados subrogantes y los conjueces deberán ser siempre elegidos por sorteo. El rol del Consejo de la Magistratura consistirá en promover la selección de jueces para que el Poder Ejecutivo cubra las vacantes existentes de manera definitiva, con acuerdo del Senado.

La iniciativa también otorga a este órgano judicial la “facultad de confeccionar las listas de conjueces”, a fin que el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara alta, proceda a su selección conforme con la Constitución.

Respecto al modo de designación de los jueces subrogantes, confiere a las Cámaras competentes las “herramientas necesarias para que procedan a la designación de los jueces subrogantes”.

En lo relativo a los jueces de primera instancia y tribunales orales, privilegia que “la vacante sea cubierta por un juez de igual grado y competencia, siempre y cuando los juzgados de los que resulten titulares no registren atrasos significativos”.

Escuchas judiciales

Para finalizar la extensa jornada vivida ayer en el Congreso, la Cámara alta acordó posponer para el próximo encuentro el tratamiento del proyecto que busca penalizar la filtración de escuchas judiciales. Dado que se aproximaba la presentación del jefe de Gabinete, Marcos Peña, la Cámara alta resolvió pasar a un cuarto intermedio.