Electrodependientes: el drama de sobrevivir a los tarifazos

“¿Saben lo que están pasando los pacientes electrodependientes? Muy mal la están pasando. Cuatro veces más pagan de luz! ¿Saben qué pasa si les cortan la luz y no pueden pagarla? Se mueren, estamos hablando de gente que se muere!”, dijo, con una mezcla de indignación y bronca, Ivana Bianchi, diputada nacional por San Luis, en la sesión en la que la Cámara baja dio media sanción al proyecto para retrotraer el valor de las tarifas de los servicios públicos a noviembre del año pasado y congelarlas por un año.

Sin duda, la cara más cruel del tarifazo aplicado a los servicios públicos por el Ejecutivo nacional es la que muestra esta realidad. Bianchi, en su alocución, dio datos estremecedores: de los 24 distritos del país, 10 todavía no adhirieron a la Ley nacional que otorga gratuidad en el servicio de energía eléctrica a los pacientes electrodependientes.

En las provincias adheridas, el acceso tampoco es tan fácil: cerca de 2.300 pacientes esperan que sus certificados sean aprobados para obtener el beneficio de la norma nacional sancionada hace más de un año (está en vigencia desde el 26 de abril de 2017).

En marzo de este año, el diario La Nación publicó un informe que refleja la triste realidad de la “gente que se muere” si no paga la luz: menos del 10 por ciento de quienes “requieren de la utilización de un dispositivo eléctrico con suministro constante” están alcanzados por la legislación. Se conocieron al menos dos casos fatales: una nena de 10 años y una mujer de 66, que fallecieron por las consecuencias de un “apagón”.

No hay estadísticas en el país sobre la cantidad de pacientes electrodependientes. En el Registro Nacional de Electrodependientes, con cifras aportadas por el Ministerio de Salud, hay sólo 300 personas anotadas. Bastante menos que los 2.300 que iniciaron el trámite y esperan.

En su alocución, Bianchi exhibió dos boletas de pacientes que no están protegidos por la Ley: la de una chica de General Rodríguez, de $7.600 que no puede pagar y ya recibió el aviso de suspensión del suministro eléctrico; y el de una chica de 9 de Abril (Ruta de la Tradición, ex Camino de Cintura), de $16.273. ¿Qué pasa si no pueden pagar semejantes cifras? Sí, como puntualizó la diputada, “se mueren”. Y “pagan cuatro veces más”, como recordó la legisladora en varias ocasiones.

Entre los distritos que no adhirieron, hay algunos gobernados por el justicialismo y otros por Cambiemos. El caso más particular es el de Jujuy, donde el gobernador radical Gerardo Morales vetó el proyecto que había aprobado la legislatura provincial para brindar el servicio gratuito.

Lo contrario pasó en San Luis, donde la legislatura sancionó – en diciembre pasado – la adhesión a la Ley nacional, con un proyecto que fue consensuado entre todos los bloques (oficialismo y oposición), pero impulsado sobre todo por el legislador de Cambiemos, Alejandro Cacace, a partir de la lucha de la madre de una paciente. El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, no reglamentó la norma pero igual los puntanos electrodependientes reciben el beneficio.

“En la provincia hay 12 o 13 usuarios, que reúnen las condiciones (la condición es riesgo de vida si les falta la energía eléctrica), que tienen grupos electrógenos provistos por Edesal y gozan del servicio eléctrico gratuito. La factura de ellos es cero”, explicó hace pocos días el gerente de Asuntos Regulatorios de Edesal, Walter Ortega.

El otorgamiento de los grupos electrógenos también está contemplado en la norma nacional, para que los cortes de energía no afecten a quienes necesitan estar conectados de manera permanente.

“La Ley no está reglamentada, pero son casos que requieren de solidaridad de todos. No por una cuestión administrativa la gente va a dejar de acceder al derecho que ya está legislado”, agregó el representante de la empresa que distribuye la energía en la provincia.

Para contemplar tanto a quienes tienen la posibilidad de conseguir la gratuidad del servicio como a quienes no, el concejal de Identidad Popular, Luis “Piri” Macagno, presentó un proyecto para que se exima del pago de tasas municipales a los electrodependientes de la capital sanluiseña.

“Como consecuencia de los brutales incrementos de las tarifas que se vienen llevando a cabo por parte del Gobierno Nacional desde el inicio de la gestión de Cambiemos en Diciembre de 2015 a la fecha, la situación de las personas afectadas por estas patologías se vuelve insostenible ante la imposibilidad de afrontar los altísimos costos de tarifas, poniendo en riesgo el mantenimiento de sus vidas”, explica la iniciativa en sus considerandos.

Y sostiene, no sin razón en base a los datos precedentes: “No se puede soslayar que más allá de la gratuidad otorgada a los beneficiados por la Ley, esta implica sólo un beneficio para aquellos que se encuentren registrados, lo cual hace necesario el cumplimiento de la amplia difusión por parte del Estado en sus distintos ámbitos para avanzar en la toma de medidas que preserven la salud y calidad de vida de los beneficiarios de la norma”.

En otro párrafo, remarca que la “problemática de los electrodependientes no se agota con la gratuidad del servicio eléctrico ya que los aumentos sistemáticos en las tarifas de los servicios públicos disparan linealmente el incremento de precios de medicamentos, insumos médicos y bienes necesarios para el correcto tratamiento de estas patologías”.

La eximición del pago de tasas abarca la contribución sobre los inmuebles y los servicios sanitarios de las familias que cuenten entre sus integrantes con un paciente electrodependiente. Los beneficiarios podrían acceder “con la sola presentación de la acreditación respectiva”.

También insta al Ejecutivo a diseñar e implementar “campañas de difusión, educación y concientización con el fin de promover los derechos de los electrodependientes por cuestiones de salud y de los beneficios comprendidos en esta Ordenanza”.