Devaluación, DNU y ley ómnibus: las principales medidas económicas en el primer mes de la era Milei

El presidente Javier Milei cumple su primer mes de gestión al frente del Poder Ejecutivo y las primeras medidas económicas se hicieron sentir: devaluación, un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y un megaproyecto de ley ómnibus, que incluyen profundas reformas económicas, tributarias e impositivas.

Las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei las anunció un viejo conocido del Palacio de Hacienda, que durante la gestión de Mauricio Macri estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas, también fue como titular del Banco Central (BCRA), Luis Caputo, ministro de Economía de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

Caputo anunció las medidas el martes 12 de diciembre, al cierre del mercado, y se implementaron a partir del miércoles 13. La más recordada por la mayoría de los ciudadanos tiene que ver con la fuerte devaluación del peso (54%), que elevó el dólar oficial de $366 a $800 (+118%), la tercera suba de la divisa más importante de la historia argentina.

El ministro de Economía anunció 10 medidas económicas ese martes 12 de diciembre, entre las que se encontraban: devaluación, aumento de impuesto, cese de contratos laborales del Estado, suspensión de la pauta, reformulación del gabinete, transferencias a las provincias, reducción de subsidios energéticos, eliminación de derechos de exportación y se reemplazaron las SIRA por un nuevo sistema estadístico y de información que no requiere de la aprobación de licencias.

También anunció que se mantendrían «los planes Potenciar Trabajo», pero «de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023», lo que implicó un congelamiento del valor. Pero se les pagó en diciembre un «bono de emergencia de $10.000» a todos los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo.

Además, se duplicó la Asignación Universal por Hijo y se aumentó en un 50% la Tarjeta Alimentaria, para paliar la aceleración inflacionaria producto de la devaluación.

Gobierno de Milei: reformas económicas por DNU

A través de un DNU presidencial N° 70 del 2023, también incluyó reformas profundas en la economía argentina modificando y derogando cientos de normas: las más resonantes son la reforma laboral, la eliminación de la ley de alquileres, desregulación de prepagas y la habilitación para comercializar medicamentos de venta libre en otros comercios que no sean farmacias.

El Ejecutivo ya envió el DNU para ser aprobado por el Congreso de la Nación, tras recibir varios reveses judiciales, que igualmente apeló. Cabe destacar que la norma debe ser aprobada por una de las cámaras, a diferencia de los proyectos ordinarios que se discuten en el parlamento.

Cambios que introdujo el DNU vigente

Reforma laboral

El DNU de desregulación de la economía de Javier Milei contempla que los empleadores no podrán descontar del recibo de sueldo del empleado las cuotas, aportes periódicos o contribuciones que estuvieran obligados los trabajadores, como en el caso de los aportes sindicales.

Además, entre otros puntos que apuntan al contrato laboral, se modifican:

Extensión del período de prueba de 3 a 8 meses: «El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros OCHO (8) meses de vigencia».

Reducción de las indemnizaciones: para las indemnizaciones por antigüedad o despido se achican los montos para calcular la compensación. “En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el periodo de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses».

Fondo de cese laboral: las empresas y trabajadores deben aportar fondos en forma anticipada para cubrir las indemnizaciones por despido.

Derogación de la Ley de Alquileres

La derogación de la polémica Ley de Alquileres, una normativa que tiene como objetivo regular los contratos de los alquileres y controlar la relación entre el inquilino y el propietario de la casa o departamento, fue muy comentado debido a que desregula totalmente los acuerdos de viviendas particulares.

De esta manera, no existe plazo mínimo de contrato, ni moneda obligatoria en la que se pacte el contrato. Por otro lado, las indexaciones se pactan también entre las partes, partiendo desde tres meses y en base a un índice que determinen (puede ser cualquiera: IPC, ILC, etc).

Derogación de la Ley de Góndolas

Uno de los puntos más destacados del mega DNU es la eliminación de la Ley de Góndolas, una normativa sancionada en febrero de 2020, que busca a la transparencia y competición de los precios de distintos productos como alimentos, bebidas, de higiene y limpieza del hogar.

Así, Milei elimina una normativa clave en los últimos años respecto a los supermercados. Entre otras cosas establecía: que debe haber un máximo del 30% del espacio de venta (físico o virtual) que sea para una categoría de producto por proveedor; que, por lo menos, debe haber cinco proveedores de distintos grupos empresariales; que las cooperativas, mutuales y/o empresas de la agricultura familiar tengan al menos un 5% del espacio en la góndola; que haya un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos para las micro y pequeñas empresas.

Tarjetas de crédito

El DNU también impacta en las tasas de las tarjetas de crédito. La nueva norma vigente elimina el tope del interés que se le cobra a comercios (hoy en 3% en caso de las tarjetas de crédito y 1,5% de las débito); quita el tope al interés punitorio (por demoras en el pago); y deroga sanciones a las empresas que no informen la tasa de interés.

Tras estas medidas, el Banco Central decidió llevar las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 140,86% promedio mensual ponderado por monto y en porcentaje nominal anual.

Prepagas

La desregulación apunta también a la liberación en las cuotas de las prepagas. Esto derivó en fuertes aumentos de las cuotas de la cobertura de medicina privada, que aumentaron el 40% promedio en enero y ahora ya anticiparon que subirán otro 26% en febrero.

Registro automotor y papeles para circular

Ya rige la posibilidad de realizar trámites en el Registro Automotor a distancia y se introdujeron modificaciones en el costo de transferencia. En el artículo 355, el DNU establece que los trámites que se realicen ante los registros seccionales de la Propiedad del Automotor “deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo Nacional”. Además, la existencia de multas impagas o deudas de patentes no impedirá transferir un vehículo como ocurría hasta antes del decreto.

Hasta el momento, el arancel de transferencia fijado por el Ejecutivo es del 1,5% para los autos de fabricación nacional y del 2% para los importados. La reglamentación del decreto establecerá un nuevo porcentaje. El decreto elimina otros costos que se solían pagar en el trámite (una vez que esté implementado el sistema online de solicitud de transferencia), como la necesidad de pedir informes de dominio y la certificación de firmas.

El DNU, en este marco, apunta a la creación de un Registro Automotor digital, remoto y abierto, con alcance en todo el territorio. Además, la norma establece que la cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo. De esta manera, el comprobante de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la póliza de seguro ya no son obligatorios para circular en auto.

Medicamentos y recetas electrónicas

El cambio se verá también en la industria farmacéutica: el DNU autoriza a comercializar medicamentos de venta libre en locales que no sean farmacias. El Gobierno habilitó además el funcionamiento de centros médicos y odontológicos en locales farmacéuticos. Asimismo, permite el ejercicio simultáneo de profesiones de odontólogo, médico y farmacéutico, al tiempo que bioquímicos pueden ser directores de laboratorios y farmacias. Al mismo tiempo, relanzó la modalidad de recetas electrónicas para agilizar los trámites para los jubilados.

Transformación de empresas del Estado en Sociedades Anónimas

Las empresas estatales que hasta el momento funcionan bajo el tipo societario de Sociedades del Estado, ahora se transforman en Sociedades Anónimas. Asimismo, deja abierta la puerta para que las empresas del Estado se puedan privatizar.

Otras 15 modificaciones que incluye el DNU:

  • Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos.
  • Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados actores del poder.
  • Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.
  • Derogación de la Ley de Promoción Industrial.
  • Derogación de la Ley de Promoción Comercial.
  • Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.
  • Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.
  • Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.
  • Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
  • Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.
  • Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.
  • Implementación de la política de cielos abiertos.
  • Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.
  • Desregulación de los servicios de internet satelital.
  • Desregulación del sector turístico eliminando el «monopolio» de las agencias de turismo.
  • Reformas económicas que propone el Presidente mediante la ley ómnibus

El megaproyecto de ley titulado «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» propone desde una eliminación de la movilidad jubilatoria, hasta modificaciones en materia impositiva y tributaria, y la privatización de empresas públicas.

En el artículo N°3, la norma solicita la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2025 con la posibilidad de que se prorrogue mediante un decreto dos años más, a partir de declarar “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social”.

Sobre la actividad pesquera y una de las más polémicas por la oposición de los gobernadores patagónicos, el megaproyecto preveía 10 modificaciones. Los mandatarios provinciales argumentaron que permitirían la eliminación de la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos; el reemplazo del actual sistema de asignación de cupos de captura por uno de licitaciones con menos exigencias, que complicaría las posibilidades de competir de las compañías nacionales; y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.

El Gobierno acusó recibo del scrum de los seis gobernadores patagónicos y aceptó la semana pasada discutir modificaciones en los fragmentos de la ley ómnibus dedicados a la actividad pesquera.

En el capítulo impositivo, incluye el blanqueo de capitales, moratoria tributaria, aduanera y de la seguridad social “con el fin de lograr el pago voluntario de las obligaciones”.

Sobre los derechos de exportación, fija que productos de economías regionales pasen a tributar un 15%, quitándoles el beneficio de que no tengan derechos de exportación. En el caso de la soja, el grano seguirá con el 33%, pero el Gobierno subirá la alícuota del 31 al 33% para la harina y el aceite.

En materia laboral, prevé la «promoción del empleo registrado». Otorga beneficios a los empresarios que regularicen la situación de sus empleados y habilita la “extinción de la acción penal” y “condonación de las infracciones, multas y sanciones” por irregularidades en la contratación de un empleado. Además, podría dar de baja el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

El Gobierno espera aprobar el megaproyecto de ley ómnibus antes de que finalice el período de sesiones extraordinarias y poder imponer las reformas que creen necesarias para «sacar adelante» a la Argentina. Asimismo, el pasado viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que desde el Ejecutivo «por ahora» no está contemplado extender el plazo de las sesiones extraordinarias del Congreso.

Fuente: Ámbito