Dante Rafael Churquina, el hombre acusado de liderar una narcobanda desde la cárcel de San Luis, reconoció ante la justicia federal que manejaba negocios pese a estar preso, reveló este miércoles su abogado, Germán Anabitarte.
El hombre de 38 años, oriundo de Mendoza, cumple una condena por abuso sexual en la Unidad Penal 1 del Servicio Penitenciario Provincial. Ahora suma la acusación de ser el cabecilla de una organización narcocriminal que operaba en San Luis, Córdoba y Mendoza.
Por el caso, hay 10 personas procesadas, entre funcionarios penitenciarios, empresarios y otras personas que estarían vinculadas a Churquina.
El interno del SPP “reconoció que tenía sus negocios antes de quedar detenido, y vio la oportunidad de intentar cometer este ilícito. Pero negó que se trate de una banda organizada”, contó Anabitarte.
La causa se inició el 31 de agosto del año pasado, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en Jujuy a una persona que estaba a punto de entregar un bolso con más de 5 kilos de cocaína. La droga tenía como destino la ciudad de Villa Mercedes.
En los primeros días de septiembre, la PSA y la Policía Federal desarrollaron varios allanamientos en distintos lugares. Entre ellos, en la celda donde está alojado Churquina en el Penal sanluiseño.
La oficina de Churquina
La investigación determinó que el preso había montado una “oficina”, en la que encontraron una notebook, teléfonos celulares, marihuana, pendrives, talonarios de pagarés, cuadernos con anotaciones y una balanza de precisión.
Anabitarte aseguró que solo eran “unos pocos gramos” de marihuana la que encontraron en el lugar y que la balanza estaba en un lugar que no era accesible para el acusado.
Tras esos procedimientos derivaron en la detención de 12 personas. El fiscal Federal de San Luis, Cristian Rachid, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), cuyo titular es Diego Iglesias, solicitaron el procesamiento de 10 de ellos.
El abogado de Churquina sostuvo que los “negocios” que admitió su defendido están vinculados con la venta de vehículos, actividad a la que se dedicaba incluso antes de caer preso.
En este sentido, resaltó que el vínculo con el empresario Daniel Becher, otro de los imputados, tiene que ver con ese tipo de transacciones.
El defensor indicó que por ese reconocimiento que hizo Churquina, decidió no presentar una apelación a los procesamientos, pero los representantes legales de los otros acusados sí los cuestionaron.
Los funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial
Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron, en su acusación, que la actividad del líder de la organización fue posible gracias a la participación del alcalde penitenciario y del adjutor principal del SPP. Consideraron que “tras la supuesta obtención de dádivas, incurrieron en un incumplimiento de sus deberes funcionales en favor del principal acusado y también de otros integrantes de la sociedad criminal, que recibían un trato preferencial dentro de la Unidad Penitenciaria al momento de las visitas”.
En el expediente, además, una persona declaró como imputado colaborador, lo que permitió conocer el funcionamiento de la organización, determinar quiénes eran las personas utilizadas como testaferros, las empresas y los lugares que se utilizaban para el lavado de dinero y sus modalidades.
Finalmente, el MPF logró logró avanzar respecto del manejo que poseían dentro del establecimiento penitenciario y los beneficios que el principal imputado tenía para organizar la comisión de delitos desde su celda.
