Extinción de dominio: negocian destrabar el proyecto de ley

Se cumplió este domingo dos años de la media sanción que obtuvo el proyecto de ley de extinción de dominio en la Cámara de Diputados. Fue al cabo de una sesión intensa en ese Cuerpo, en la que el proyecto fue aprobado el 24 de junio de 2016.

 

Ya en el debate en particular se le introdujo una modificación importante al proyecto que, de todos modos y pese a las certezas dadas en sentido contrario, terminó siendo cajoneado. A fin de año perdería estado parlamentario y el proyecto debería volver a recorrer todo el proceso legislativo.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en el contexto de una sesión muy especial, pues durante la misma se aprobaron iniciativas muy significativas, además de aquella destinada a recuperar bienes provenientes del delito. Previamente Cambiemos había conseguido aprobar en la Cámara de Diputados la figura del arrepentido para casos de corrupción. La norma tuvo 194 votos positivos y fue girada al Senado, luego de conseguir el apoyo del Frente para la Victoria gracias a la eliminación de la figura del “colaborador eficaz”.

En esa misma sesión, la Cámara baja aprobó la resolución que autorizaba el allanamiento de las propiedades de Julio De Vido. El exministro ocupaba por entonces su banca y rechazó durante la sesión la resolución del oficialismo.

En lo que hace a la ley de extinción de dominio, la ley reunió 135 votos a favor y 50 en contra, y pasó entonces al Senado. El debate había girado en torno a la posibilidad de decomisar sin condena previa, y las prevenciones fueron por la posibilidad de que pudiera ser declarada inconstitucional. Esa fue la razón que esgrimió el Frente para la Victoria al rechazar la ley.

Votaron a favor el Frente Renovador de Sergio Massa y el bloque Justicialista de Diego Bossio y Oscar Romero, que horas antes habían acompañado, junto al kirchnerismo, el proyecto de ley del arrepentido.

 

Hubo tres abstenciones, de Carlos Heller (Partido Solidario) y el entonces bloque Compromiso Federal de los hermanos Rodríguez Saá, entre los que se encontraban los diputados Luis Lusquiños, Ivana Bianchi y Berta Arenas.

El proyecto que salió de Diputados establecía que el Estado puede apropiarse y disponer de los bienes y activos obtenidos a través de la comisión de un delito, como corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, asociación ilícita, secuestro extorsivo, prostitución y pornografía infantil.



Negociaciones contrareloj

 

El líder del Frente Renovador Sergio Massa y el presidente del bloque de senadores del PJ analizaron este fin de semana la posibilidad de introducir una serie de cambios a la ley de extinción de dominio aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados y que está cerca de perder su estado parlamentario.


Massa, Pichetto y la jefa del bloque de diputados massista, Graciela Camaño y acordaron buscar una salida jurídica para intentar destrabar el proyecto reclamado por jueces y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Voceros de Massa dijeron que acordaron -en general- discutir una fórmula que aplique la extinción del dominio (la pérdida de la propiedad de un bien) a los acusados de narcotráfico que no puedan demostrar el origen de sus propiedades en la etapa de instrucción de la causa.

 

En cambio, para los acusados de corrupción se les aplicaría la extinción del dominio “cuando sean condenados”. Antes directamente querían sacar los delitos de corrupción contra el Estado de esta ley. Para el massismo son, en definitiva, los senadores de Cambiemos los que fundamentalmente “traban la posibilidad de un acuerdo” sobre modificaciones al proyecto de Diputados.

A su vez, voceros de Pichetto confirmaron que el senador “está trabajando en el dictamen que el Senado había alcanzado, reformulándolo pero fundamentalmente sobre la base de ese dictamen de hace un año y medio y que Diputados no se comprometió a acompañar”.

“Pichetto estuvo en contacto con Massa sobre este tema y le reiteró que la versión de Diputados no se puede votar porque no contempla garantías constitucionales mínimas”, agregaron los voceros.

Quedan 6 meses para cerrar el año legislativo y para que pierda estado parlamentario el proyecto. Sólo el tiempo dirá si estas conversaciones entre los líderes peronistas surte el efecto deseado.