La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad sobre las clases presenciales

En un fallo por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo sobre la suspensión de las clases presenciales que dispuso el presidente Alberto Fernández mediante el DNU 241/21.

El reclamo de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta surgió luego que el pasado 15 de abril, y ante una decisión “inconsulta”, el Gobierno nacional dispusiera la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, en el marco de las restricciones tomadas para bajar los casos de Covid-19, bajo el argumento de reducir la circulación en las calles.

La medida desató una fuerte pelea entre Nación y Ciudad, y el gobierno porteño resolvió acudir a la Corte para reclamar por la inconstitucionalidad de ese DNU. Sin embargo, el máximo tribunal no declaró la inconstitucionalidad del decreto, dado que caducó el 30 de abril.

A partir de un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña, la administración de Rodríguez Larreta mantuvo la apertura de las escuelas desde el lunes 19 de abril, además de rechazar un fallo de la Justicia Federal que iba en línea con lo dispuesto por la Casa Rosada, y anticipó que aguardaría la resolución de la Corte.

Cumplido el plazo, el presidente extendió las medidas hasta el 21 de mayo a través del DNU 287/21, el cual la Ciudad tampoco acató en ese punto, y Rodríguez Larreta aseguró que continuarían las clases presenciales en jardines de infantes, escuelas primarias y educación especial, al tiempo de imponer un sistema bimodal para la secundaria. Ahora, el gobierno porteño cuenta con total aval de la Justicia para sostener su decisión.

Los magistrados Carlos Rosenkrantz -presidente del máximo tribunal-, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, a partir de distintos votos, coincidieron en resolver a favor de la Ciudad de Buenos Aires y su autonomía en la materia, lo que representa un revés para el gobierno de Alberto Fernández. Por su parte, Elena Highton de Nolasco se abstuvo de votar, alegando que la Corte no tiene competencia original en las causas que litiga la Ciudad.

En un voto conjunto, Maqueda y Rosatti enfatizaron sobre el fundamento del federalismo y la autonomía de la Ciudad, al sostener que el Estado Nacional se encontraba obligado a explicar los antecedentes que lo llevaron “a ejercer la competencia invocada, explicitando además la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad, que debe hallarse en necesaria correspondencia con la de las normas competenciales invocadas por el órgano emisor”.

“El debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora”, continuaron.

Asimismo, los magistrados expresaron que “tanto la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para definir la modalidad educativa, como la atribución federal para atender a una emergencia sanitaria, deben entenderse en el marco del federalismo que ordena la Constitución Nacional”.

Y subrayaron que este fallo “no se trata solo de ponderar una decisión temporaria y circunstancial, sino de dejar establecido un criterio rector de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino”.

Por su parte, Rosenkrantz apuntó que el argumento de Nación de tomar la medida para reducir la circulación, “no satisface las exigencias de justificación referidas”. “En esta causa, la Ciudad de Buenos Aires ha proporcionado elementos de juicio que indican que el impacto interjurisdiccional de la actividad regulada es meramente conjetural. Ha mostrado el carácter geográficamente acotado de la prestación de clases presenciales en función de varios indicadores, tales como la baja incidencia de los contagios dentro de los establecimientos educativos, el criterio de proximidad con el que se asignan las vacantes en el sistema público y la reducción en el uso de transportes públicos por alumnos en relación con la tasa de uso previa a la pandemia”, señaló.

El presidente de la Corte manifestó que el Estado Nacional “hace referencias al transporte de pasajeros dentro del territorio denominado AMBA pero lo hace de modo global, sin discriminar el transporte interno de cada jurisdicción y el transporte que pasa de una a otra y, por lo tanto, ello resulta insuficiente para determinar en qué medida este último -del cual depende, entre otras cosas, la existencia de interjurisdiccionalidad- se habría incrementado como consecuencia del comienzo de las clases presenciales dentro de la Ciudad Autónoma”.

“Sumado a ello, en la demanda se afirma -sin que haya sido puntualmente rebatido por el Estado Nacional- que la mayor parte del alumnado que concurre a escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no utiliza el transporte público para concurrir a clases”, añadió.

En tanto, Lorenzetti remarcó que “la CABA y las provincias pueden regular la apertura de las escuelas conforme con las disposiciones de la Ley 26.206 y la resolución 387/21 del Consejo Federal de Educación, priorizando la apertura y la reanudación de las clases presenciales”.

“El Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias (Ley 26.206), estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas, ni decidir de modo autónomo apartándose del régimen legal vigente“, agregó.

San Luis 24 Redacción Buenos Aires

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