La tasa de femicidios y trans-travesticidios se mantiene en aumento

Cada mes, las cifras de femicidios que elaboran en forma no oficial los distintos observatorios son un llamado de atención al Estado, a la Justicia y a una sociedad que está cimentada en el patriarcado. Hasta octubre, se habían cometido cerca de 250 femicidios y trans travesticidios. Según los datos oficiales elaborados por la Corte Suprema, durante 2020 se contabilizaron 251 femicidios.

Desde 2008, el observatorio Adriana Zambrano de la Casa Del Encuentro se ocupa de elaborar los datos de los femicidios, desde entonces la cifra no no se modifica. Con preocupación Ada Rico, titular de la Casa Encuentro, comenta con preocupación que noviembre “también va complicado”, en lo que respecta a cifras. “Pero tenemos que hablar globalmente: tenemos un femicidio cada 30 horas, en eso nos tenemos detener, en cómo no se puede descender este índice que no es nuevo. Cómo es que a pesar de las políticas públicas generadas en todos estos años tenemos el mismo índice”.

Desde el observatorio Ahora que sí nos ven, la abogada feminista, Julieta Delpech detalla, “Nos alarma lo que sucedió en octubre: hubo 37 femicidios cuando desde febrero a septiembre el promedio fue de 17 femicidios por mes”.

El valor de la cifra

Los observatorios son herramientas fundamentales para evaluar las diferentes situaciones por las que pasan las mujeres y las personas travestis trans. Se analiza el contexto, si las víctimas realizaron las denuncias, si tenían medidas de protección, la cantidad de hijos, hijas e hijes que quedan sin sus mamás. Entre las consignas de la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015, estaba el pedido de que se elaboren cifras oficiales. La Corte Suprema a través de la Oficina de la Mujer confecciona estos datos pero se difunden con una diferencia de un año.

El Observatorio Lucía Pérez comenzó su trabajo de registro en 2014, pero recién el año pasado recibió el nombre oficial y terminó de conformar el banco de datos que hoy se pueden leer en la web <www.observatorioluciaperez.org>.

“Es importante poder generar la información y que eso esté público. Eso nos permite identificar una serie de alertas y patrones comunes que se repiten. Este año, la alerta gigante es la cantidad de femicidios y travesticidios, pero también vemos con preocupación la cantidad de jóvenes asesinadas y la cantidad de niñes que presencian los asesinatos de sus madres”, explica la periodista Anabella Arrascaeta.

Respecto al trabajo del observatorio Ahora que sín nos ven, Delpech afirma, “nuestro registro surge a partir de los medios gráficos y digitales de todo el país, por lo tanto los que femicidios que no son noticias no están en nuestro registro, eso se ve mucho en los crímenes de odio, travesticidios y transfemicidios, sabemos que las cifras son más altas pero la invisibilización es enormeen esa población”. La abogada aclara que cuando comparan la publicación de datos de la CJS los resultados del obsrevatorio, a pesar de no ser oficiales, son bastante fidedignas. “Conocer las cifras un año después genera un delay que no es el más recomendable. Porque más allá de contar asesinatos y llevar un registro de los femicidas lo que se hace desde los observatorios es pensar cuáles podrían ser las políticas públicas que sean suficientes”.

La Justicia y el Estado

Entre las herramientas del Estado, está el programa Acompañar (ver recuadro) que lanzó el 2020 el ministerio de las Mujeres. “Nos parece una herramienta de prevenció porque de esa forma la compañera puede irse del domicilio”, comenta Ada Rico.

El punto de partida del programa es un avance en un contexto en el que la justicia en muchos casos no da respuestas efectivas. “Nos llama la atención la cantidad de mujeres que tenían medida cautelar dictadas, ahí apuntamos al poder Judicial qué pasa que no las protege”.

Desde el observatorio Lucía Pérez, Arrascaeta afirma: “El acceso a la Justicia depende a veces de donde naciste y dónde vivís, si te toman o no la denuncia y después los recursos que se destinan en esos procesos. Sin presupuesto no hay políticas públicas”, afirma. “Los casos que están más cerca de tener justicia muchas veces se logran por tracción de la calle. Lo que vemos es que el Estado es responsable y es importante identificar donde: es responsable porque no te toma la denuncia, es responsable porque tiene funcionarios en los poderes denunciados por violencia, es responsable porque no baja a territorio, es responsable porque los trámites para acceder a la ley Brisa. Es responsable por todo eso”.

En ese sentido, Delpech afirma, “el femicidio es la punta del iceberg de un entramado complejo de tipos de modalidades de violencia que son más o menos aceptadas por la sociedad que tienen su cara más extrema e irreversible donde encontramos el femicidio. Es necesario llevar un proceso de prevención y contención de mujeres en situaciones de violencia, pero también de trabajar masculinidades.”

Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Carolina Varsky, Subsecretaria de Programas Especiales de Violencia por Razones de Género, afirma que en el Acuerdo Federal para una Argentina unida contra la violencia de género, los gobernadores se comprometieron a a promover que el Poder Judicial avance en sus transformaciones .“La perspectiva de género debe estar presente, en el Poder Judicial falta esta escucha activa y empática con la persona que decide denunciar. Y en general, los obstáculos tienen que ver con que falta evaluar los casos de manera contextualizada. El riesgo que conllevan para que las medidas que se tomen sean acordes a cada situación. No puede ser que siempre la respuesta sea te doy un botón antipánico y no se crucen los datos del agresor”.

En ese marco es que se trabaja en el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género que busca sumar una mayor articulación entre “los poderes que intervienen. “Tiene que ver con que todas las personas en situación de violencia tengan los mismos indicadores para poder evaluar si esa persona está en riesgo o no.”, explica Varsky.

Policías femicidas

Hasta octubre, según los datos elaborados por el observatorio de la Casa del Encuentro, 27 femicidas son agentes o exagentes de las fuerzas de seguridad. “Tenemos que preguntarnos por qué un agresor continúa portando el arma. Hay muchas denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad, y pero los casos que llegan a femicidios no tienen denuncias. Indudablemente no creen en ser protegidas por la Justicia”, aporta Rico.

Por su parte, Pamela Lodola, también integrante de Casa del Encuentro analiza. “Lo primero que hay que decir es que la violencia de género es una cuestión cultural arraigada históricamente en la sociedad. Y, por otro lado, que hay una necesidad de que no sólo las fuerzas de seguridad se capaciten en violencia de género como lo establece la ley Micaela. Son dos indicadores que hay que mencionar. Después de eso, el personal de las fuerzas de seguridad, son varones patriarcales y se agrava porque tienen acceso a un arma de fuego. Además, tienen cargos de autoridad, es decir, tienen poder real no sólo sobre las mujeres sino sobre todos los ciudadanos y ciudadanas”.

Para Lodola, es fundamental ajustar las capacitaciones. “El propio Estado debería preguntarse si esas capacitaciones logran cambiar conductas. Quizás hay que replantearse cómo son esas capacitaciones y cuál es el objetivo”.

Para la especialista, una de las herramientas importantes para comenzar a erradicar la violencia de género es la Educación Sexual Integral. “No nos da respuestas inmediatas pero sí va a cambiar la sociedad. En la actualidad, la Justicia y las fuerzas de seguridad tienen un rol muy importante porque en muchos distritos son quienes toman las denuncias (o se niegan a tomarlas), y son quienes tienen que notificar al violento que si forma parte de las fuerzas, a veces se los apaña, no se los notifica o se amedrenta a la mujer para que no denuncie”.

El programa Acompañar

Uno de los programas que puso en funcionamiento el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad fue Acompañar que hasta noviembre de este año ya tiene 90 mil personas inscriptas. 

El programa está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencias por motivos de género que se encuentren en riesgo. La ayuda económica es por seis meses, no requiere de denuncia judicial, es compatible con otras asistencias estatales.

“Además de promover la autonomía se fortalecen las redes de acompañamiento, porque hay todo un abordaje integral. Entonces es un programa que atiende justamente a la reducción de femicidios y de la feminización de la pobreza”, afirma Varsky.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta evaluó en una entrevista con Télam: “La evaluación es buena, ha superado por mucho la previsión que hicimos, sobre todo para el primer año y ante la necesidad que tenemos de firmar convenios con municipios y provincias para activar el programa. Lo que estamos viendo es que necesitamos optimizar el acompañamiento psicosocial”.

Un trabajo sobre las masculinidades

En agosto se presentó el primer Mapa Federal de Experiencias de Trabajo con Varones y Masculinidades (MEVyM) en Argentina, que se construyó a partir de un relevamiento realizado en noviembre de 2020.
La plataforma contiene información sobre organizaciones que trabajan con varones y masculinidades; espacios de atención a varones que ejercen y han ejercido violencia.

“Es un relevamiento de los distintos espacios que trabajan con varones y masculinidades para promover políticas integrales para prevenir la violencia de género. Hay un universo importante de espacios que trabajan con masculinidades, el asunto es que muchas veces la Justicia los desconoce”, afirma Carolina Varsky.

Caso Tacacho: un crimen que se podía evitar

Esta semana el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Francisco Pisa fijó para el jueves 18 de noviembre a las 9 de la mañana la lectura del veredicto.

La Comisión de Juicio Político consideró que el magistrado incumplió con los deberes a su cargo por vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva, por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho y por no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa.

Paola Tacacho tenía 32 años y era profesora de Inglés. Fue asesinada a puñaladas el 30 de octubre en el centro de la capital de Tucumán. Su agresor fue un exalumno quien se suicidó tras cometer el femicidio.

La docente había realizado 14 denuncias contra Parada Pareja, quien la acosó durante cinco años. Seis de esas presentaciones fueron archivadas, siete quedaron sin resolución y una llegó al requerimiento de elevación a juicio. El juez Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa.

Femicidios en noviembre

En las primeras semanas de noviembre ya se contabilizaron cerca de diez femicidios cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.

  • Claudia Daniela Velasco, 54 años, Comodoro Rivadavia. Fue asesinada a puñaladas por su expareja, Miguel Ángel Asencio
  • Liliana Beatriz Lezcano, 50 años, San Justo, provincia de Buenos Aires. Asesinada a balazos y puñaladas por su pareja, Norberto Rodríguez.
  • Sandra Isabel Fleyta, 34 años, Chaco. Fue asesinada de una puñalada por su expareja, Ignacio Rubén Aguirre.
  • Lara Gigena, 21 años, Córdoba. Fue asesinada de un tiro por parte de su pareja, Ariel Torres.  Marlene Borda, 34 años, Formosa. Fue asesinada de un puntazo por su expareja

Fuente: TIEMPO ARGENTINO

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