Las clínicas privadas que no realicen interrupciones del embarazo deberán derivar a otros centros privados

Audio: Yolanda Bertazzo, Jefa del Programa Salud Sexual y Reproductiva.

A casi un mes de la entrada en vigencia de la Ley de Interrupcion Voluntaria del Embarazo (IVE), la jefa del Programa Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, Yolanda Bertazzo, afirmó que en San Luis no se registran mayores cambios en la demanda que antes de la aprobación del proyecto.

“La provincia viene trabajando hace ya bastante tiempo en esta temática, antes trabajábamos con interrupciones legales del embarazo” afirmó la médica tocoginecóloga.  “Quizás para otras provincias, donde todo estaba prohibido, es que ahora ven un excesivo aumento de la solicitud de interrupciones voluntarias”.

Según la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, en la provincia hay al menos veinte instituciones del sector público donde las personas gestantes pueden solicitar una IVE, repartidas entre la capital, Juana Koslay, La Punta y otras localidades. Casi en simultáneo, la semana pasada el Sanatorio Rivadavia emitió un comunicado en el que anunciaba que todo su plantel de profesionales en ginecología se habían declarado objetores de conciencia, por lo tanto no atenderían los pedidos de IVE y los derivarían a la Maternidad Provincial “Doctora Teresita Baigorria”.

“La idea es que no exista ningún registro de objetores, y si se tiene que hacer, que sea público. Justamente para que la gente pueda tener acceso a aquellos médicos que no van a trabajar con esta ley” manifestó Bertazzo.

“Para aquel que es objetor de conciencia la ley lo dice clarito, que no puede demorar a la mujer, no la pueden culpabilizar, no la pueden castigar y la tienen que derivar rápidamente a otro servicio que le dé la respuesta”.

En el texto de la Ley, la objeción de conciencia quedó plasmada para individuos y no para instituciones. El artículo 11 plantea la posibilidad de que todos los profesionales de un centro médico sean objetores de conciencia. En ese caso, se dispuso que el establecimiento deberá prever y derivar a la paciente a otro centro -de similares características- que realice la prestación.

“A nivel público, derivamos a nivel público y los privados tienen que derivar a los privados, para eso la mujer tiene obra social. No es que yo no lo quiero hacer y la voy a mandar al público, la mujer que tiene obra social paga para tener este servicio y ser atendida en una clínica, entonces tendrán que analizar a nivel privado quiénes son los profesionales que van a dar respuesta a eso” explicó la jefa del Programa Salud Sexual y Reproductiva.

“Los ginecólogos y obstetras no somos los únicos que hacemos este tipo de prácticas, es una práctica de atención primaria” aclaró Bertazzo. “A nivel público lo realizan otros médicos que no son ginecólogos, lo puede hacer un clínico, un cirujano, un pediatra. La gran mayoría en el sistema público que resuelven estos problemas, justamente no son los ginecólogos sino médicos generalistas o médicos de familia”.

Y concluyó: “Si el sanatorio o la clínica no quiere dar respuesta a esto a través de un ginecólogo, lo puede dar con otro profesional, pero la verdad es que los institutos privados y públicos no pueden negarse a atender esta problemática porque es ley”.

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