Llamaron a indagatoria al prefecto acusado de matar a un mapuche en Bariloche

Fue llamado a declarar como imputado Francisco Javier Pintos, el prefecto del grupo Albatros que efectuó el disparo que asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel, tal como determinó el peritaje balístico que para la justicia es “indubitable”.

 

La versión oficial sigue sosteniendo que Nahuel perdió la vida en un “enfrentamiento”, el 25 de noviembre pasado, en la comunidad mapuche recuperada de Villa Mascardi, dos días después de haber sido desalojados por la justicia a pedido de Parques Nacionales. Y en ese sentido se aferran al hallazgo de partículas de pólvora en las manos de los jóvenes mapuches que bajaron del cerro a Nahuel mientras agonizaba.

 

Según el matutino Página/12, el peritaje que provino de Salta indicó irregularidades en la manipulación de las muestras enviadas desde Bariloche. Si el análisis de los restos de pólvora fuera declarado nulo, como pedirá la familia de Nahuel se caería definitivamente la teoría del enfrentamiento armado que plantea tanto el gobierno como la fiscal de este caso, Silvia Little.

 

El juez federal Gustavo Villanueva citó a Pintos para indagarlo el próximo jueves, pero no dictó su prisión preventiva. Los abogados de la familia del joven mapuche asesinado solicitaron la inmediata detención del prefecto, pero a falta de idéntico enfoque por parte de la fiscalía todo indica que llegará en libertad hasta Tribunales.

 

“Si se cae la versión de que hubo una confrontación, Pintos debe quedar detenido, en cambio si prevalece esa línea le van a terminar dando una medalla”, dijo a PáginaI12 el abogado Matías Schraer, que representa a Lautaro González y Fausto Jones Huala, los dos jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo de Rafita del cerro, aún con vida. 

 

Quince días se tomó el juez Villanueva para citar al acusado, porque a principios de junio ya contaba con el resultado de la pericia balística. Ese estudio sostiene que el proyectil que provocó la muerte de Nahuel fue disparado por el subfusil MP5 que portaba Pintos. El prefecto también realizó disparos con una pistola Beretta y las pericias confirmaron, además, la presencia de partículas de pólvora en sus manos. En total se le atribuyen 40 disparos. Pintos, cabo primero de la Prefectura Naval, fue citado a indagatoria por el asesinato de Rafael Nahuel a las 12 del mediodía del 5 de julio. Fuentes con acceso al expediente indicaron al portal de En estos días –que anticipó hace dos semanas la identidad del prefecto homicida–, que dada las pruebas que existen en su contra el ‘albatro’ quedaría detenido luego de su declaración. Nahuel fue asesinado por la espalda el 25 de noviembre, cuando efectivos del Grupo Albatros de Prefectura entraron al territorio de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, en las afueras de Bariloche. La autopsia realizada al joven determinó que murió por un “shock hipovolémico por lesiones de los órganos y tejidos que provocaron una hemorragia en cavidad torácica y peritoneal”.

 

A pesar de la contundencia del peritaje balístico que incrimina a los prefectos, desde el Ministerio de Seguridad los siguen defendiendo. La cartera que conduce Patricia Bullrich insiste en hubo “fuego cruzado” entre los miembros de Grupo Albatros y los mapuches, aunque en la comunidad no fue secuestrado armamento alguno. Ayer, apenas trascendió la noticia del llamado a indagatoria de Pintos, las habituales usinas mediáticas oficialistas volvieron a enfatizar que también fueron encontrados rastros de pólvora en las manos de los mapuches. “Es una operación para restarle peso al impacto de la orden de indagatoria, nosotros pedimos el inmediato sobreseimiento de Fausto y Lautaro porque no hay pruebas contra ellos y queremos que los saquen de la causa”, explicó Schraer. En un extenso escrito donde exigen que el juez Villanueva defina la situación procesal de ambos, cuyo pedido de prisión fue emitido por un polémico fallo de la Cámara de Casación, Schraer y su colega Sonia Ivanoff, invocaron el derecho indígena, y rechazaron los argumentos que los acusan de usurpación y atentado contra la autoridad. 

 

Pero el párrafo al que dedicaron más esfuerzo lo dedicaron a refutar la hipótesis del enfrentamiento armado, que el gobierno invoca por la aparición de muestras de carbono en sus manos. “Nos asesoramos con nuestros peritos y con casos comparados, incluso de la policía de Boston, y creemos que hubo lo que se denomina transferencia secundaria de residuos de disparo de armas de fuego”, indicó el abogado. Los testimonios y las fotos muestran a Jones Huala y González que son esposados y precintados, y luego llevados hasta un vehículo de la PSA por los mismos prefectos que efectuaron los disparos montaña arriba. “Además, le tomaron las muestras dentro de un móvil de traslado de detenidos y de armas de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), cuando esos lugares no son aptos para la toma de muestras de carbono porque las pueden contaminar”, agregó. 

 

Fuente: Página/12