Los ex funcionarios y empresarios detenidos quedarán alojados en un pabellón para corruptos

El funcionario del gobierno de Mauricio Macri encargado de la política penitenciaria se reunió ayer por la tarde con la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El tema central fue cómo será el alojamiento de los ex funcionarios y empresarios detenidos por orden del juez federal Claudio Bonadio en la causa en la que se investiga el pago de coimas de la obra pública develado por los cuadernos de un chofer que detalló en ellos todo lo que presenció durante ocho años en el gobierno de Cristina Kirchner.

Se trata de un caso especial. Por primera vez el SPF recibirá el mismo día una docena de detenidos que por su perfil político, público y económico requieren un tratamiento penitenciario especial.

Los nombres son los del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta; su secretario Nelson Lazarte; el ex secretario de Legal y Técnica del Ministerio Rafael Llorens; el ex presidente de Enarsa Walter Fagyas; el dueño de Electroingeniaria Gerardo Ferreyra; el ex gerente general de IECSA -empresa que pertenecía a la familia Macri-; Javier Sánchez Caballero; el presidente de la constructora Albanesi y Armando Losón, entre otros.

Se prevé que hoy, después de sus indagatorias, los acusados pasen formalmente al SPF. El primer paso será encontrarles un lugar de alojamiento. Todo indica que irán a la cárcel federal de Ezeiza o la de Marcos Paz, adelantaron las fuentes. Son dos cárceles de máxima seguridad que están en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires.

En el IRIC hay actualmente cerca de 100 detenidos acusados en causas de corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico. Eran 50 en noviembre del año pasado. Entre otros están el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios José López y Ricardo Jaime, el empresario Lázaro Báez, los sindicalistas Omar “Caballo” Suárez y Pablo “Pata” Medina y los jefes narcos “Marcos” Estrada González y Alionzo “Ruti” Mariños.

En la reunión de las autoridades también se comenzó a analizar la posibilidad de que el chofer Centeno ingrese al régimen de protección de imputados y testigos del Ministerio de Justicia. Si eso ocurre la custodia estará a cargo de un grupo especial del SPF. Centeno pasó la noche en la alcaldía de los tribunales de Comodoro Py.

 

Fuente: Infobae