Media sanción a un proyecto para que los beneficiarios de planes sociales no puedan ser despedidos

La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción, en la sesión de este miércoles, a un proyecto para “garantizar los beneficios sociales” hasta el 10 de diciembre de este año. La iniciativa apunta a que quienes reciban planes (de Inclusión Social, Becas 22 AG, entre otros) no puedan ser dados de baja hasta el recambio de autoridades del Ejecutivo.

La norma recibió el apoyo del bloque San Luis Unido, cuyos legisladores elaboraron el proyecto, y del bloque Frente Juntos por la Gente, integrado por diputados “Adolfistas”.

El texto de la propuesta establece que “no podrá darse de baja hasta el 10 de diciembre de 2019 ningún beneficio social otorgado por el Estado Provincial, salvo causa justificada, por cese de las condiciones que habilitaron su otorgamiento, por fallecimiento del titular o incompatibilidad”.

En su articulado, la iniciativa indica que “el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial es el único acto administrativo idóneo para disponer el cese de un beneficio con causa justificada, sin que sea posible la delegación y/o ratificación posterior; en el cual deberá indicarse la causal de la baja, debiendo obrar en el respectivo expediente administrativo la documentación respaldatoria que la acredite, con anterioridad al dictado del Decreto que disponga el cese del beneficio”.

También, instituye que el Ejecutivo provincial “deberá remitir a la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, dentro de los CINCO (5) DIAS CORRIDOS de sancionada esta Ley, el listado de beneficiarios del Plan de Inclusión Social “Trabajo por San Luis”, Plan Pañuelos Solidarios, Plan de Capacitaciones “22 AG”, Becas para Jóvenes Puntanos “Soñamos Junto a Vos”, y cualquier otro plan de similar naturaleza existente o que se cree en el futuro” y, además, “deberá remitir semanalmente las altas y las bajas que se produzcan en el mencionado listado”, hasta el 10 de diciembre.

Por otro lado, habilita la creación de una plataforma web y telefónica “que dependerá de la Cámara de Diputados de la Provincia” para que se puedan denunciar incumplimientos a la normativa, y a aquellos “individuos que mediante la utilización de intimidación o violencia obligaren a un beneficiario de plan social a realizar actividades proselitistas y/o emitir sufragio a favor de determinada alianza, partido o y/o candidato”.

En ese sentido, fija una multa de 1 a 10 veces su remuneración mensual al funcionario que incumpliera las disposiciones de esta ley.

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