Otorgan prisión domiciliaria al docente acusado de abusar de alumnos en el Instituto San Buenaventura

El juez de Garantías N°2 de la segunda circunscripción judicial, Leandro Estrada, resolvió que Juan Manuel Chavez, el docente de música acusado de abuso sexual contra sus alumnos del Instituto San Buenaventura de Villa Mercedes, continúe con la prisión preventiva que cumple desde hace 4 años en un domicilio de esa ciudad.

La medida regirá hasta que se fije la fecha del juicio oral en la causa donde se investigan delitos contra la integridad sexual de la que habrían sido víctimas un grupo de niños de 6 años de ese colegio.

Chávez está alojado desde marzo del 2018 en el Servicio Penitenciario Provincial. Ahora deberá fijar un domicilio en Villa Mercedes, donde continuará su detención custodiado en forma permanente por personal policial.

Estrada dictó la resolución este viernes, en una audiencia realizada a raíz de una solicitud del abogado defensor del imputado, Germán Anabitarte, quien había requerido la excarcelación.

El magistrado consideró que, de acuerdo a lo previsto en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de San Luis, el plazo previsto para el cumplimiento de medidas de coerción está superado. En ese sentido, explicó que el código prevé un plazo máximo de 2 años para las prisiones preventivas.

“Tengo que advertir que el plazo de 4 años y 2 meses es irracional y si me preocupa y tengo que dejar advertidas las eventuales responsabilidades del estado provincial  por el plazo que ya lleva  la medida de coerción”, señaló Estrada.

El juez también ordenó que ambas partes – el imputado y los familiares de las víctimas – deberán evitar hostigamientos a través de las redes sociales.

Chávez pidió la palabra y manifestó: “Entiendo que esta medida la ha considerado como la más propicia, pero yo quiero que quede claro que la prisión preventiva sigue su curso”.

En la audiencia, también se pronunciaron tanto la representante del Ministerio Público Fiscal, Daniela Torres, como  la Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces, María Victoria Cortázar Furnari, quienes advirtieron el exceso del plazo cumplido por el imputado en el penal provincial. Ambas funcionarias judiciales propusieron diferentes medidas de prevención para evitar cualquier tipo de riesgos de fuga y seguridad ante los damnificados.

Por su parte, Mikaela Eguinoa, representante de los particulares damnificados, había solicitado el rechazo de la excarcelación.