Otra vez el Superior Tribunal dio vuelta un polémico fallo de la Cámara del Crimen 2

Desde del jueves, Federico Guidugli está alojado en el Servicio Penitenciario provincial, donde ya estuvo luego de ser procesado en noviembre de 2016 por abusar de sus dos hijas, según la acusación. El encierro le duró poco menos de un año porque la Cámara del Crimen 2 decidió revocarle la prisión preventiva y que se profundice la investigación.

 

Las penurias para el presunto abusador volvieron cuando le llegó la notificación de que el Superior Tribunal de Justicia había hecho lugar al recurso de Casación presentado por los abogados de la madre de las nenas y que en la práctica significaba que le revocaban la excarcelación y que volvía a la cárcel.

 

La sentencia del Superior Tribunal dejó, otra vez, al borde del papelón a los camaristas Gustavo Miranda Folch, Fernando de Viana y Hugo Saá Petrino, los mismos magistrados que hicieron lugar a un escandaloso juicio abreviado que le devolvió la libertad a Gabrielle Rubianni, el abogado que semanas atrás fue condenado a diez años de cárcel en un nuevo juicio por abusar de su hija cuando era menor de edad.

 

Y también volvió a dejar en off side al fiscal Fernando Rodríguez, quien en dictaminó a favor de la liberación de Guidugli el año pasado, dictamen que luego fue corroborado por la Cámara.

 

Pero primero, los hechos.

 

Guidugli fue procesado el 27 de noviembre de 2016 por el juez Sebastián Cadelago por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” en el caso de la nena más chica –que ahora tiene 14 años, y por “abuso sexual simple”, en el caso de la mayor, que ahora tiene 17.

 

La acusación incluía el uso de narcóticos para concretar los abusos, de acuerdo a un examen toxicológico. 

 

El fiscal Rodríguez dictaminó que el auto de procesamiento de Cadelago debía ser revocado –y por lo tanto la prisión preventiva también-, y que se profundice la investigación al no haber elementos suficientes como para sostener la acusación.

 

Los jueces eligieron un camino más ancho y cómodo. En la página 6 del incidente de apelación presentado por el abogado Aldo Giuliani, defensor del supuesto abusador, escribieron:

 

“Amen que tales circunstancias sellan la suerte de la apelación que nos convoca, no debe soslayarse que el conjunto probatorio expresado en el auto de procesamiento configura, con el alcance necesario, la semi-plena prueba requerida en la norma que le permiten al a quo decidir el procesamiento del encartado.                        

 

No debemos olvidarnos que en delitos que ofenden la integridad sexual, debe tenerse un criterio más amplio en la valoración de las pruebas sopesando hasta los más mínimos indicios para que no queden impunes, dado que por lo general estos delitos se cometen fuera del alcance de la vista de terceros. Es por ello que en estos casos las reglas de apreciación de las pruebas debe admitir cierta flexibilidad. Son delitos que se llevan a cabo en ámbitos privados o aislados y siempre ocultos que resultan proclives a la consumación, y es por ello que en la reconstrucción de los hechos ha de apelarse a todo rastro o vestigio del injusto a efectos de dilucidar la verdad real, pues de lo contrario, la ausencia de testigos, dejarían a estas conductas impunes.                       

 

A la vista de los elementos obrantes en la causa, se aprecia que el juez a quo, ha realizado una valoración adecuada de la prueba colectada en la instrucción. La mera disconformidad que manifiesta el apelante no resulta suficiente a los fines de conmover las conclusiones a las que arriba en el auto de procesamiento puesto en crisis”.

 

Hasta ahí, Miranda Folch, Saá Petrino y de Viana avalaban la investigación del juez de primera instancia. La sorpresa vino más adelante.

Agregan los jueces:

 

“No parece atinado argumentar que el procesado en autos si se encontrare en libertad, pondría en riesgo la averiguación de la verdad real en causa, dado lo avanzado de la investigación y pruebas reunidas, máxime cuando aparecen a primera vista como cumplidos los objetivos de la ley procesal y material en autos, considerando que el mismo cuenta con domicilio real y familiar en la provincia”.

 

En conclusión, los camaristas dejaron firme el procesamiento contra Guidugli pero ordenaron su inmediata liberación mientras la investigación continuaba.

 

La primera reacción fue la de la madre de las nenas y expareja del acusado, Andrea, que es abogada, quien denunció a los camaristas y al fiscal por incumplimiento de los deberes ante el Juzgado Penal en turno.

 

Luego los abogados que la representan –Bernardo Estrada y su hijo-, presentaron un recurso de Casación contra la resolución de la Cámara del año pasado y la Corte lo dio vuelta: Guidugli volvió a prisión.

 

“Es un verdadero alivio. Tardó mucho en salir el fallo”, dijo Andrea en un contacto con SanLuis24.