Piden la indagatoria de la intendente de Nogolí, imputada por fraude electoral

AUDIO: CRISTIAN RACHID (FISCAL FEDERAL DE SAN LUIS)

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El fiscal Federal de San Luis, Cristian Rachid, pidió que la intendente de Nogolí, Claudia Pinelli, y otras tres personas sean llamadas a prestar declaración indagatoria, en el marco de la causa que investiga un presunto fraude en las elecciones del 2017.

Pinelli fue candidata de Unidad Justicialista y su boleta iba pegada a la de Adolfo Rodríguez Saá, que disputaba la senaduría nacional contra Claudio Poggi.

La acusación que pesa sobre Pinelli, la directora del Hospital de la localidad, Silvia Quevedo, y dos fiscales de mesa, apunta a “votos marcados” para coaccionar a beneficiarios de planes sociales y trabajadores a votar por los candidatos oficialistas.

Rachid remarcó que en una de las 3 urnas de la localidad “encontramos 63 boletas marcadas”, pero no será posible acusar a los imputados por todos los casos sino solo por aquellos cuyos nombres y apellidos pudieron determinarse.

“Imputamos 3 casos que son los que entregaron los votos (a la investigación)”, declaró el fiscal federal.

“Los votos que aparecieron marcados en urnas sirven como indicio pero no podemos asegurar que sean de electores compelidos, porque no puedo acreditar de qué forma aparecieron las marcas”, detalló Rachid.

Las tres boletas que sí se incorporaron como prueba a la causa son de electores que se presentaron en la justicia con los votos sin usar. Ellos dieron los testimonios que dieron comienzo a la investigación.

Según el relato de los testigos, habían sido citados para que se les hiciera entrega de las papeletas que debían incluir en el sobre, para favorecer al oficialismo, bajo la amenaza de perder los planes sociales que recibían.

Ahora el juez federal Juan Esteban Maqueda debe resolver si convoca a los acusados a prestar declaración indagatoria, como pidió el fiscal.

Rachid aclaró que, más allá de la resolución de la causa, no existe posibilidad legal de cuestionar el resultado electoral.

“Si hubiera una condena, está prevista la inhabilitación. Mientras tanto no hay efecto (administrativo del proceso judicial)”, concluyó el fiscal.

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