Pidieron que sean procesados con prisión preventiva los tres policías acusados por el homicidio agravado de Lucas González

El fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, Leonel Gómez Barbella, y el auxiliar fiscal Lucas Estévez solicitaron el viernes pasado al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Martín del Viso, el procesamiento con prisión preventiva de un inspector mayor, un oficial mayor y un oficial de la Brigada de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, por el homicidio agravado de Lucas González, ocurrido el pasado 17 de noviembre en el barrio porteño de Barracas. Además, pidieron que también se los procese por la tentativa de homicidio agravada y la privación ilegal de la libertad agravada respecto de los tres amigos de la víctima, y por el delito de falsedad ideológica.

En su requerimiento, la fiscalía señaló que “la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad, escogiendo el camino del delito para consumar una detención ilegal, matar a un joven e intentar matar a otros tres con sus armas reglamentarias, privarlos ilegítimamente de su libertad y falsear lo actuado en el hecho”. Agregó que, en base a los elementos de prueba existentes hasta ahora -que incluyen testimonios y filmaciones- es posible “afirmar que los imputados interceptaron al vehículo de las víctimas con el rodado marca Nissan Tiida, descendieron armados y, pese a la corta distancia y no habiendo recibido ningún tipo de agresión por parte de las víctimas, efectuaron una cantidad significativa de disparos contra las zonas vitales de éstas”.

 “Sus comportamientos distan diametralmente de aquel que debe primar en un miembro de una fuerza de seguridad, y a más, sus conductas son propias de una patota de civil, bajo el velo de supuestos policías de la Ciudad”.

Asimismo, sostuvo que los tres policías por los cuales se requiere el procesamiento participaron en las detenciones ilegítimas de los cuatro jóvenes y en las falsedades ideológicas cometidas para plasmar un enfrentamiento que jamás existió, pero con el que se pretendió justificar que “los niños fueron las víctimas de una terrible balacera de los tres imputados”. Concluyó que “sus comportamientos distan diametralmente de aquel que debe primar en un miembro de una fuerza de seguridad, y a más, sus conductas son propias de una patota de civil, bajo el velo de supuestos policías de la Ciudad”.

Por todo ello, los representantes del Ministerio Público Fiscal entendieron que debía procesarse a los tres policías por “los delitos de homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial (que tuvo como víctima a Lucas Santiago González) y tres hechos de tentativas de homicidio con idénticos agravantes (cuyos damnificados son J.Z.G., J.S. y N.H.G.), en concurso real entre sí, que a su vez, concurren idealmente con los delitos de falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, todos ellos en concurso ideal, respecto de los cuales deberán responder en calidad de coautores penalmente responsables”.

Sostuvieron que cada uno de los policías imputados “realizó su aporte efectuando distintos disparos en diversas direcciones contra los aquí damnificados para atentar contra sus vidas, lo que ocurrió efectivamente en el caso de Lucas González. El seguimiento previo desarrollado y el accionar desplegado al bajar del vehículo en el que se transportaban, empuñando todos sus armas reglamentarias, para inmediatamente abrir fuego sobre las víctimas en zonas vitales, es lo que permite concluir que la actuación mancomunada en el hecho ha tenido un objetivo común: atentar contra la vida de las víctimas”.

Gómez Barbella y Estévez también le requirieron al juez que el procesamiento fuese dictado con prisión preventiva, ya que “tratándose de personal policial cuentan con muchos elementos a sus alcances para fugarse y facilidades para permanecer ocultos, amén de las ya detalladas y tremendas circunstancias y gravedad en la naturaleza de los hechos”. Pusieron de relieve que “el comportamiento de los imputados durante el procedimiento en cuestión, el que pretendieron fraguar ocultando información verdadera y volcando a cambio datos falsos que conllevaron a detenciones ilegales”, hace presumir que “que no se someterán a la persecución penal”.

“El seguimiento previo desarrollado y el accionar desplegado al bajar del vehículo en el que se transportaban, empuñando todos sus armas reglamentarias, para inmediatamente abrir fuego sobre las víctimas en zonas vitales, es lo que permite concluir que la actuación mancomunada en el hecho ha tenido un objetivo común: atentar contra la vida de las víctimas”.

Reiteraron que “ese desprecio hacia pautas mínimas de convivencia e indiferencia por la vida e integridad física de las personas, conduce a pensar que no cumplirán con las condiciones a las que podría someterse sus solturas” y que también debe considerarse “la posibilidad cierta de entorpecimiento de la investigación por la presión a las víctimas de tan solo 17 años de edad y los familiares, que deberán declarar en un debate oral”.

Los hechos

De acuerdo con la investigación, en la mañana del 17 de noviembre pasado, Lucas y tres amigos salieron del entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central, y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos, para volver al barrio San Eduardo, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.

Tras detenerse en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban el inspector mayor, el oficial mayor y el oficial de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, que realizaban tareas de campo, en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, los efectivos policiales informaron al servicio de comunicaciones policiales, que perseguían un automóvil con “cuatro masculinos menores, con apariencia menores, jóvenes”, refirieron “que estaban armados”, y les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos. Como el automóvil de la brigada no tenía ninguna identificación ni los policías vestían chalecos ni uniformes policiales, los chicos pensaron que podían ser ladrones y quisieron escapar, pero fue entonces cuando los efectivos policiales dispararon contra el Volkswagen Suran.

El joven de 17 años, que viajaba en el asiento del acompañante, recibió 2 disparos, uno de ellos en la cabeza. A raíz de ellos fue trasladado al Hospital General de Agudos “José María Penna” -donde permaneció con custodia policial-, pero luego lo llevaron al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde falleció al día siguiente por la tarde. Sus tres amigos fueron detenidos -ilegalmente- tras el hecho, pero el juez de Menores dispuso sus sobreseimientos, tras determinar que no habían incurrido en ningún delito, como habían señalado los policías inicialmente.

Tres días después del hecho, los policías investigados fueron detenidos cuando llegaban a la Comisaría donde trabajaban. Posteriormente, también se apresó a un comisario, un principal y dos oficiales la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad; y al comisario y al subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, por su responsabilidad en los hechos que transcurrieron tras la interceptación de los chicos.

Fuente: Fiscales.gob.ar