Polémica por la aplicación de la tarifa social de los servicios públicos en San Luis

El presidente del interbloque Avanzar y Cambiemos por San Luis en la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Cacace, insiste, desde hace varias semanas, en responsabilizar a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica por el bajo porcentaje de beneficiarios puntanos de la tarifa social de los servicios.

Sin embargo, la tramitación de la tarifa social – según los requisitos publicados por el Ministerio de Energía de la Nación – solo incorpora a los entes reguladores en un paso secundario en casos de solicitudes que no avancen por otras vías.

“Hay 50 mil usuarios que son potenciales beneficiarios de la tarifa social eléctrica. Hubo falta de datos que deben ser girados por la Provincia y así completar lo que resta para que estas familias obtengan el subsidio”, aseguró el legislador provincial.

Sin embargo, en la página web del Ministerio de Energía sostienen que los subsidios se otorgan de manera automática a un grupo “vulnerable”:

– Jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
– Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
– Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
– Titulares de programas sociales.
– Trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.
– Trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26.844)
– Titulares seguro de desempleo.
– Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
– Titulares de certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.

Por el contrario, no pueden acceder a este beneficio los propietarios de más de un inmueble, aeronaves o embarcaciones de lujo y/o un vehículo de hasta diez años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad o electrodependencia).

“La actualización de los padrones es tarea de la provincia y debe ser la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica la que envié los datos y precisiones restantes de los usuarios de EDESAL (distribuidora provincial) que cumplan las condiciones para ingresar al programa de Tarifa Social”, señaló Cambiemos en un comunicado.

Sin embargo, la cartera nacional incluye un formulario para que cada usuario que no esté incluido de manera automática en los subsidios pueda solicitarlo (https://www.minem.gob.ar/formulario/formulario.html) . Recién 20 días después de iniciado el trámite, el solicitante debe concurrir al ente regulador provincial (en el caso de San Luis, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica) para terminar la gestión, si no recibió respuestas antes.

El Ministerio lo resume así: “La Tarifa Social se otorga de manera automática a usuarios vulnerables de todo el país, identificados mediante el cruce de datos de los usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas por redes”.

“Los datos del Ministerio de Energía de la Nación sostienen que el 30% de los usuarios de gas tienen tarifa social en la provincia. Es la jurisdicción más beneficiada en ese servicio. No ocurre lo mismo con la electricidad donde solo el 9% de los usuarios accede a la tarifa especial”, informó el bloque opositor en Diputados.