* Por Eugenio Zaffaroni | De Internas y Gorilas

Por Eugenio Zaffaroni – Profesor Emérito de la UBA -.

 

Desde hace muchas décadas nuestro país sufre una pandemia peligrosa que es el “gorilismo”, del que hoy parten voces de alucinados: la base electoral del “kirchnerismo” son los presos dice Majul. Los presos en la Provincia de Buenos Aires son unos 74.000 más o menos y en el sistema federal unos 14.000, o sea, menos de 100.000. ¿Supone Majul que eso significa el 36 o 39% de los votos? El error de cálculo es demasiado grande. Los presos nunca fueron “negocio político”; si lo hubiesen sido, las cárceles no estarían como están.

Es coherente lo que dice Berni: la cuestión deben resolverla los jueces y no eludir su responsabilidad, para derivársela a los otros poderes del Estado. Tiene toda la razón: basta leer el art. 18 de la Constitución Nacional para confirmarlo. Pero entra en contradicción cuando dice que la “masacre” es la que se supone que los presos hacen en la sociedad. ¿Es esto cierto? Berni sabe muy bien que tiene un porcentaje muy reducido de homicidas y de violadores en las cárceles. ¿Repite el discurso de Bullrich y al mismo tiempo reconoce que ésta es la responsable de la superpoblación penal actual?

Seamos coherentes, por favor, lo que sobra es el “chiquitaje” que se metió inútilmente en las cárceles gracias a la política populachera de Bullrich y su comparsa. Con sacar a esos ordenadamente y a los que están en serio peligro de muerte por especial vulnerabilidad a la infección basta para que la población penal quede reducida a un 80% de la capacidad de cada prisión, lo que permitiría observar las normas de higiene y distancia necesarias. Y eso –tiene toda la razón Berni- lo tendrían que hacer los jueces.

Por otra parte, el ejecutivo, para evitar que mañana tenga que intervenir en algo que no debería intervenir, es bueno que le diga a Massa que se deje de amenazar a los jueces, muchos de los cuales no necesitan mucho para asustarse.

Por cierto, no tomo en cuenta delirios mayores del “gorilismo” nacional, como el de la legisladora que sostiene que se quiere soltar presos para policiar el país, como hizo Cuba. Se equivoca, Cuba nunca hizo eso. ¡Se confundió a Cuba con el Kmer Rojo de Camboya! Están muy lejos. No defiendo a nadie, pero confundirse a Cuba con Camboya, es una grave muestra de ignorancia delirante.

No es este momento de “internas”, si bien existen y son inevitables, por favor, paren un cachito, calma un rato, bajen las internas y pongamos todos el hombro y, sobre todo, compañeras y compañeros, bajen los decibeles de las “internas” entre los no “gorilas”, que ya tenemos bastante en frente.

No es momento de incoherencias y mezquindades, estamos en problemas demasiado serios para todos, tomemos consciencia de eso, en una emergencia debe primar, por lo menos, el instinto de subsistencia común. Ya vendrán tiempos mejores, en los cuales se pueda seguir con las “internas”.

Si el “gorilismo” argentino quiere discutir, que no lo haga con el Presidente y con quienes llaman a la racionalidad, y menos conmigo, que soy un infeliz suelto, que lo haga con la OMS, con la Relatora de Derechos Humanos de la ONU, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el Subcomité de Lucha contra la Tortura de la ONU, con el Relator Especial de Justicia de la ONU, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Corte Interamericana de Derechos humanos, con el Instituto Latinoamericano de la ONU para prevención del delito, con el Papa Francisco, y no con quienes no hacemos más que repetir lo que nos dice el mundo.

¿Los “gorilas” querían estar en el mundo? Pues estén, discutan con quien corresponde, sean valientes, como Trump, que discute con la OMS y la desfinancia, o como Bolsonaro, que hace gala de la insignificancia de la pandemia ante las cámaras. Es cierto que están locos, pero son valientes, con sus demenciales discursos se enfrentan con el mundo, pues que los “gorilas” argentinos hagan lo mismo, y no con los que aquí no hacemos otra cosa que escuchar al mundo. Sólo recomiendo abstenerse de tomar lavandina.

El problema de instituciones totales superpobladas es que son bombas de tiempo virósicas. Si estalla la infección allí, a una velocidad de contagio de 8 a 10 veces superior a la de la sociedad libre, será una enorme contribución a un colapso del sistema de salud, que es lo que todos queremos evitar. ¿Los “gorilas” se han vuelto suicidas? Quizá ellos sí, pero la sociedad racional no.

Toda persona racional sabe que una pena privativa de libertad no puede convertirse en una pena de muerte, Menos sabiendo que buena parte de nuestros presos no están penados sino en prisión preventiva, es decir, que ni siquiera se sabe si con culpables y su prisión no es técnicamente una pena, porque ningún juez los ha condenado.

Se trata de una emergencia y todos sabemos que con mandar a prisión domiciliaria al “chiquitaje” de ladroncitos que no han ejercido violencia seria contra personas, con los que estén en especial peligro de muerte por vulnerabilidad y con quienes les falten pocos meses para salir en libertad, se obtiene el resultado de dejar las cárceles en condiciones de respetar las medidas de higiene.

Además, el “gorilismo” no explica que no se trata de amnistías ni de indultos, porque una vez superada esta emergencia, que no será eterna, quienes no hayan agotado la pena volverán a la cárcel: es una medida provisoria y que, por ende, durará mientras dure la pandemia.

Ya sabemos que entre los que se envíe a la casa habrá algún descerebrado que intentará un nuevo hurto o robo y que, con el policiamiento que imponen las medidas de aislamiento, de inmediato será nuevamente apresado. Esto es inevitable, porque algunos llegan ya deteriorados a la prisión y ésta, superpoblada, los deteriora más. Estos pocos casos no serían ninguna “masacre”, pues se trataría sólo unos pocos infelices que volverían velozmente a la prisión. Siempre supimos que quien quiere meterse en la cárcel, fácilmente lo logra.

Otro problema lo plantean los presos y presas que se encuentran en situación particular de vulnerabilidad a la infección, para quienes es mucho más vecina la posibilidad de que la pena de prisión se convierta en una pena de muerte. Los médicos forenses saben y pueden determinar cuáles son los casos y qué padecimientos provocan esta situación, independientemente de los que ya sabemos todos, como embarazadas, portadores de HIV, inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, niños convivientes con madres presas, etc.

Aquí la opción es férrea: o se le garantizan condiciones de seguridad higiénica o se disponen prisiones domiciliarias. Para lo primero hay que generar los espacios en las cárceles. Si eso no se hace, no queda otra alternativa que la prisión domiciliaria, sabiendo, como se dijo antes, que es una emergencia y que no ha de durar toda la vida.

Dejar a esas personas en la cárcel, sin las debidas condiciones de higiene, configura un abandono de persona masivo: es responsabilidad del Estado la integridad física de todos los presos y, dentro del Estado republicano, son los jueces los primeros constitucionalmente encargados de cuidar que se mantengan con vida.

Se plantea el problema de los condenados por delitos de lesa humanidad que, obviamente, no deben ser privilegiados. Pero tampoco pueden ser discriminados. La igualdad es un principio constitucional que debe respetarse. Si bien no se trata de que algún juez trasnochado los mande a arresto domiciliario cuando se lo niega a otros, el que corresponde a todos los que se hallan en situación de vulnerabilidad, no debe ni puede negárseles.

Siempre su buscó justicia, no venganza. No se puede empalidecer y degradar esa búsqueda de justicia, que tanto ha costado, con una vulgar venganza que nadie ha tolerado hasta ahora. El Estado y los jueces tienen respecto de ellos los mismos deberes que para con el resto de los especialmente vulnerables. Cabe insistir que se trata de medidas transitorias, que cuando pase la emergencia volverán a cumplir la pena en las instituciones totales. Por suerte, desde sus casas y por unos meses, no tienen ninguna posibilidad de cometer otro genocidio.

El Estado argentino tiene el deber de respetar, cumplir y hacer cumplir, los tratados internacionales de Derechos Humanos que en 1994 ha incorporado a su Constitución y que son ley interna de nuestra República y, además, le incumbe cuidar la vida de todos sus habitantes, sin más distinciones ni discriminaciones que las que imponen los peligros que puedan amenazarlos.

Dejemos que los “gorilas” discutan con el mundo, pero, por favor, entre los “no gorilas” hagamos primar la racionalidad y dejemos de lado cualquier “interna”. La actual situación no es una broma, nos acechan demasiados riesgos y habrá que superar demasiadas desventuras, lo que únicamente conseguiremos si, aunque más no sea por un rato, nos damos cuenta que en una crisis deben alterarse los hábitos del “internismo” de siempre.

 

Fuente: Identidad Colectiva

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