Quienes aceptan la reparación histórica cobran hasta un 200% menos que si reclaman en la justicia

AUDIO: LUCIANA SQUIZZIATO (ABOGADA PREVISIONAL) 

 

{mp3}squizziato29052018{/mp3}

 

Aceptar la reparación histórica implica a los jubilados cobrar hasta un 200 por ciento menos que si hicieran el reclamo por vía judicial. Claro que la tramitación implica esperar más de 5 años que salga la sentencia.

Así lo explicó la abogada previsional Luciana Squizziato, luego que se multiplicaran las consultas por la llegada de correos electrónicos a jubilados con la propuesta de ANSES para adherirse a la Reparación Histórica.

La especialista detalló que el cálculo de los haberes, para los potenciales beneficiarios, se realiza en función de las “120 remuneraciones anteriores al cese de la persona a valor histórico” (sueldo histórico). Luego se divide “el índice inflacionario del mes donde se va a cobrar la jubilación por el mes donde el mes en el que se cobró”. El coeficiente se multiplica por el sueldo histórico.

Como el valor final queda desactualizado por el incorrecto cálculo de la inflación. Con la reparación histórica, el Estado nacional propone que a los sueldos mal calculados se les aplique “un nuevo coeficiente de movilidad para que sea más real”.

Los haberes siguen siendo bajos porque los índices de inflación que toma ANSES no son “los reales”. En el correo electrónico que se envía a los jubilados, el organismo especifica que tienen 6 meses para aceptar o rechazar la propuesta.

Desde que se implementa el plan, una abrumadora mayoría opta por desestimarla. Squizziato especificó las razones: “La reparación histórica es inferior entre un 70 y un 200 por ciento a un reajuste judicial. El índice que aplica la reparación histórica es el RITPE, que es la remuneración promedio de los trabajadores estables (toma sólo el sueldo en blanco con aportes al sistema previsional). En cambio, el nivel general de remuneraciones, que es el índice que se aplica a través de una sentencia judicial; es el nivel de todos los trabajadores: estables, no estables, formales e informales (también toma en consideración el trabajo en negro), lo que se ajusta más a nuestra realidad”.

La abogada, Diplomada en Derecho Previsional, analizó: “La reparación histórica debió haber sido para todo el mundo y que, de ahí en más, cada uno reclame lo que considera injusto”.

La letrada remarcó que, ante la llegada del mail, “siempre es conviene” que los jubilados reciban asesoramiento judicial. “Tienen que tener en cuenta que un reclamo judicial lleva a un resultado más justo pero también es injusto en cuanto al tiempo. Hoy un juicio previsional, en promedio, tarda 5 años”.

Las sentencias, además, no se pagan a término: “Lo que están haciendo (desde el Estado) ahora es inhabilitar los pagos”, informó Squizziato.

Un millón de firmas contra la reforma

Por otro lado, organizaciones sociales y políticas completaron esta semana la recolección de un millón de firmas que serán presentadas en el Congreso de la Nación para que el Gobierno dé marcha atrás con la reforma previsional.

La petición se basa en la diferencia en los aumentos que recibirán los jubilados este año: con la antigua ley de movilidad, los haberes mínimos se incrementarían un 29% a lo largo del año; con el sistema aplicado por la reforma, apenas superará el 18%.

La movilidad “no está mal, es ajustado a la realidad y en los cálculos que se han hecho no generan tanta diferencia; no alcanza el nivel de confiscatoriedad que establece la Corte Suprema para habilitar un reclamo judicial”, evaluó Squizziato.

Y agregó: “Cualquier acción judicial no tendría un buen resultado. El sistema de movilidad es ajustado a derecho y se condice con una realidad técnica en cuanto a la utilización de índices”.

Por eso, lo que piden las organizaciones que defienden los derechos de la tercera edad es volver al sistema de cálculo anterior, para que los jubilados no pierdan tanto ante la inflación.