Reclamo inquilino por el derecho a la vivienda

A la espera de las medidas en las que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunciarán la semana entrante para los y las inquilinas a un mes del vencimiento del decreto que congelaba el monto de los alquileres y prohibía los desalojos, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizó un resumen acerca de cuál es la situación de las familias inquilinas y cuáles son los aspectos más importantes de la Ley de Alquileres (mejoras para personas inquilinas y resistencias por parte de las inmobiliarias).

Casi la totalidad de los contratos de alquiler en Argentina son informales. Aunque la ley lo exige, no hay registro alguno que pueda determinar con certeza cuántas personas y/o empresas locadoras y locatarias existen. Sin embargo en el Censo 2010 se reportaron 1.96 millones de hogares regidos por contratos de alquiler. Se estima que 8 millones de personas alquilan y destinan aproximadamente el 40 por ciento de sus ingresos para cubrir los gastos de alquiler. 

De acuerdo a los resultados de una encuesta que hicieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Universidad Nacional de San Martin en el AMBA, durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio el 66,6 por ciento de los inquilinos tuvieron menores ingresos y el 42,3 por ciento tiene deudas de alquiler.

En Argentina existe un grave déficit habitacional: existen 3,8 millones de hogares que sufren una necesidad habitacional al tomar en cuenta el déficit cuantitativo (necesidad de un nuevo hogar) como el déficit cualitativo (falta de servicios básicos, hogares construidos con materiales débiles). Para revertirlo, el gobierno nacional desarrolla un agresivo plan de construcción de viviendas y  créditos a tasa cero para la construcción y refacción. Sin embargo, de acuerdo a la ACIJ “no basta con la mera construcción de viviendas, sino que debe regularse el mercado inmobiliario, lo que incluye la regulación de los alquileres”. 

Nueva ley 

En este sentido, el informe realiza un detalle acerca de los principales puntos de la nueva Ley Nacional de Alquileres que se aprobó en junio del año anterior: modifica la extensión de duración mínima de contrato de dos a tres años; incorpora un índice oficial para regular el aumento anual del valor del alquiler que promedia inflación y salarios; posibilita que los y las inquilinas ofrezcan más de una garantía; asegura que las expensas extraordinarias estén a cargo del locatario y dispone que el depósito sea sólo de un mes de alquiler. 

Las principales resistencias que sufrió la ley por parte de los propietarios son a la duración de los contratos, que ahora son por tres años; el índice de aumento que no se encuentra atado a la inflación; y el blanqueo que significa al tener que registrarlos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Desde la ACIJ, proponen prorrogar la prohibición de desalojos mientras dure la crisis sanitaria e impulsar políticas públicas que apunten a garantizar el derecho a la vivienda. 

Además, el DNU 320/20 que suspendía los desalojos por falta de pago y pospuso los aumentos para un posterior refinanciamiento generó un aumento de compromisos impagos, agravando la situación de endeudamiento general de la población inquilina, lo cual difícilmente pueda revertirse tras la finalización del decreto. Dada esta situación, la ACIJ propone trabajar en un programa de desendeudamiento de los hogares inquilinos. 

Durante la presentación del programa Casa Propia  la última semana,  el presidente advirtió que no se olvidaba de “la gente que alquila”. Al día siguiente, el ministro Ferraresi reconfirmó: “Estamos trabajando y la semana que viene el presidente hará anuncios al respecto” y agregó que tras la suspensión del decreto en abril “no hemos tenido una gran cantidad de casos de desalojos, los datos más representativos fueron los del CELS, que informó cerca de 2.000”.Asimismo, afirmó que sólo el 4,9 por ciento de los contratos se habían adherido al DNU que congeló los alquileres y suspendió los desalojos durante un año.

Fuente: Página |12