Reforma de la Ley de Migraciones, una asignatura pendiente

* Opinión, por la Diputada Nacional por San Luis, Ivana Bianchi (bloque Unidad Justicialista)

 

Es una obviedad afirmar que la política migratoria de la República Argentina a lo largo de las últimas décadas desarrolló una serie de inconvenientes de diverso índole. Nuestros principios constitucionales determinan que nuestro territorio recepta a ciudadanos del mundo en una manera irrestricta o de control y exigencia nula para aquel inmigrante que quiera asentar raíces en nuestro país.

Esta política migratoria y principio constitucional ha devenido en una serie de problemas y reclamos que por diversos motivos requieren poner especial atención y plantear reformas con vistas al futuro. Sin embargo, en el país conviven una diversidad de culturas y etnias en una armonía y paz que en muchas ciudades del mundo no ocurre. No hay hechos de racismo ni xenofobia reiterados ni discriminación por elecciones religiosas o culturales. El habitante argentino resulta de un crisol de razas desde los tiempos de la colonia o inclusive desde la fundación de Buenos Aires.

Lo cierto es que mirando a los países vecinos de nuestra región, sus requisitos para ingresos al territorio, inscribirse en una escuela pública o universidad pública, utilización de los servicios hospitalarios entre otros, son muchísimos más estrictos y en muchos casos imponen una serie de costos que nuestro país no contempla. Muchos habitantes de países hermanos, vienen a utilizar nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras universidades, realizan sus carreras profesionales sin compensación alguna. No hay tratados de reciprocidad ni de compensación anual ni ninguna medida que determine algún tipo de “devolución” o “respuesta” a la gentileza dispuesta por el sistema público a través de nuestra Constitución Nacional.

Los hechos delictivos y de violencia no quedan exentos de este tratamiento. A raíz de los sucesos acontecidos el 24 de octubre pasado en ocasión de la Sesión en la cual se trataba el Presupuesto en la Cámara de Diputados, diversos actores de la sociedad reclaman un cambio en la ley de Migraciones de nuestro país no solo por los daños y destrozos al mobiliario público, sino también, por otras diversas situaciones en las que se viola la ley.

Mi preocupación al respecto no es oportunista, ya que desde el año 2012 presente un proyecto que modifica el capítulo de los impedimentos para el ingreso y permanencia de extranjeros de acuerdo a la Ley Migratoria 25871. En reiteradas oportunidades he reproducido el proyecto sin lograr su tratamiento en las comisiones de competencia de esta temática.

Este proyecto plantea reformas teniendo en mira determinadas situaciones como: negar a perpetuidad el ingreso de personas que, bajo prueba fundada, obtienen sus ganancias de uno de los tráficos más aberrantes que existen, el tráfico de personas y la trata de blancas; o que trafican ilegalmente las armas. Asimismo, consideramos que no deben ingresar las personas que obtienen sus ingresos de la producción, comercialización y tráfico de narcóticos.

Sobre artículo 29º quiero efectuar una mención especial. En nombre de la defensa de los Derechos Humanos y en razón del Estado de Derecho, las personas comprendidas en los inc) d) y e) no podrán ingresar en el país en ningún caso ni ocasión.

Estas modificaciones previstas para la Ley de Migraciones, tienen como eje que no puedan ingresar al territorio de la RA, evitando así su integración en la sociedad, aquellas personas que atenten contra la democracia, contra la vida, la libertad y los derechos humanos, y las que generen réditos económicos a partir de traficar personas, drogas o armas, o cualquier otra comisión de delitos.

Entendemos que el Estado debe favorecer las relaciones internacionales con otros países y permitir el acceso de extranjeros a nuestro país, pero su estadía no puede ser vulnerando garantías individuales (libertad, igualdad, propiedad privada, acceso a la salud, etc) de los ciudadanos. Sabemos que muchas de estas garantías son vulneradas y avasalladas produciendo graves situaciones de injusticia que producen un recelo en la sociedad.

Por estas razones y en aras de brindar herramientas que permitan el ejercicio de la justicia y el ejercicio de los derechos de las personas, seguiremos trabajando desde el Bloque Unidad Justicialista que presido, para que esta situación sea modificada y que aquellos que deben poner en temario este proyecto, dispongan los medios para su tratamiento.

Es un reclamo justo que la sociedad nos demanda.