Tres provincias en conflicto por el desborde de la laguna La Picasa

Productores del sur santafesino advirtieron sobre la desesperante situación que viven desde hace años en la zona de la laguna La Picasa y que hoy registra una cota de 104 metros cuando debería estar en menos de los 102 sobre el nivel del mar.

Este aumento en el nivel del agua sumó, en los últimos meses, más de 30 mil hectáreas inundadas de las tierras más productivas del país generando pérdidas millonarias en tiempos donde el déficit comercial requiere maximizar los beneficios productivos y ningún dólar sobra.

Esta extensa área productiva viene sufriendo inundaciones periódicas desde fines de la década del ’90. En el 2001 tuvo su pico máximo y el plan de obras previsto para revertir la situación nunca se terminó y lo que se hizo fue deficiente y errado en muchas de las construcciones.

“Hoy Nación tendría que tomar la decisión de trazar un plan de manejo del agua, regular la cuenca y a partir de ahí, con criterio de proporcionalidad de costos, definir las obras y que no las solvente una sola provincia” consideró Ángel Borello, presidente de la comisión de Asuntos Hídricos de CARSFE, en diálogo con LPO.

Es que con el boom de la soja y la ampliación de las fronteras agrícolas, los dos grandes sistemas de desagüe de la provincia de Córdoba, el Carcarañá y La Picasa, padecieron importantes modificaciones en los caudales recibidos.

En la Laguna la Picasa los cambios impactaron de manera estructural en el ecosistema de la región. De ser un sistema cerrado, que incidía en un área de 30 mil hectáreas se convirtió en una gran cuenca que ahora abarca 580 mil por los canales que aporta Córdoba.

Es por ello que la problemática compromete a tres provincias. Mientras Córdoba incrementa cada vez más la cantidad de agua vertida en el sistema de La Picasa, la provincia de Buenos Aires se resiste a recibir los excedentes hídricos. Esto produce las inundaciones que sufren los productores del sur santafesino.

Como con la reforma constitucional del ’94 se determinó que cada provincia administra sus recursos hídricos, dejó a la provincia de Santa Fe con pocas herramientas para el reclamo judicial y debió apelar a la negociación política y depender de la predisposición de los mandatarios de las provincias vecinas.

De hecho, a pesar de la conformación de un comité interjurisdiccional desde el 2006 no se han registrado grandes avances con los proyectos que permitan revertir esta realidad.

Con la actual gestión a cargo de Pablo Bereciartua como subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, se convocaron a ingenieros holandeses para estudiar el tema quienes presentaron el diseño de un sistema de drenajes y canales subterráneos para regular los excesos y contar con reservas para épocas de sequía, una inversión de 8 mil millones de pesos en octubre de 2017.

“Quedó en una expresión de deseo” se lamentó Borello quien señaló que el último aporte del gobierno nacional fue la construcción del Reservorio N° 3 que actualmente no funciona como está previsto porque la cota superó los 102.5 metros superando la capacidad del mismo.

El productor también cargó responsabilidades en el gobierno de Santa Fe por la falta de un plan hídrico y por los acuerdos firmados con Córdoba “que han sido contraproducentes no solo con la Picasa sino también con la cuenca del Carcarañá. Santa Fe no tiene un plan hídrico sino planes parciales” consideró.

En el mismo sentido se pronunció María Soledad Aramendi, vicepresidenta de la Sociedad Rural de Rosario, en comunicación con La Política Online: “hay canales que no están relevados o sea que no se pueden pedir -al Estado- ni mantenimiento ni nada porque solo se hacen parches y no hay obras estratégicas”

Además, según los productores el problema se profundizó debido a las asimetrías en los ritmos de las obras entre Córdoba y Santa Fe. Mientras que en la provincia mediterránea se hicieron el 83 por ciento del plan de construcción de canales en los últimos años, Santa Fe no acompañó esos tiempos.

“Córdoba construyó un canal paralelo al Carcarañá de 140 kilómetros. Un lunes llamó a licitación y el miércoles siguiente se adjudicó. A la semana ya había 18 máquinas trabajando” ejemplificó Borello.

Consultado por LPO, el ministro de infraestructura de Santa Fe, José Garibay, adujo problemas climáticos para el avance de las obras y definiciones de las mismas.

El conflicto con Buenos Aires

Aparte del aumento del caudal de agua que Córdoba vierte en la cuenta de La Picasa, la provincia de Buenos Aires se resiste a recibir el excedente hídrico para que salga al Paraná.

El proyecto original para desagotar la laguna en el Paraná contemplaba dos alternativas, una norte y otra sur, que incluían reservorios, canales, sistemas de bombeos y compuertas para dirigir el agua al Salado y de allí al Paraná. Las obras nunca se terminaron y las que se hicieron, la mayoría tuvieron importantes errores de cálculos y de construcción.

Con la negativa de Buenos Aires de permitir el ingreso de excedentes, y el fracaso del proyecto, obligó al gobierno santafesino a buscar otra alternativa para derivar el agua por la provincia sin ingresar al territorio bonaerense.

“Se va a contratar un proyecto ejecutivo para poder canalizar los excedentes al Paraná a través del Arroyo Pavón” adelantó el ministro de Infraestructura José Garibay a este portal. Esta opción fue acordada con Nación y demandará un plazo mínimo de un año de estudios y otros dos de obras, según Garibay. Claro que esta opción, aparte de demandar tiempos que no se tienen, es la salida menos lógica que si se hiciese la desembocadura por el río Salado.

Por su parte, los productores de Santa Fe apuntan a un funcionario bonaerense en particular como responsable de las políticas que impiden el acuerdo necesario para que se realicen las obras y que ninguna provincia se vea afectada.

Se trata del ingeniero Marcelo Rastelli, un funcionario que hace muchos años se desempeña en el departamento de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires y con quien los propietarios de campos del sur santafesino se han cruzado en más de una oportunidad.

Cuando Cambiemos ganó en Buenos Aires, los productores tenían la esperanza de que Rastelli pasase a un segundo plano. Lejos de esto, Vidal lo ascendió a un cargo político nombrándolo director técnico de Obras Hidráulicas del Ministerio de Infraestructura ganando mayor protagonismo en la toma de decisiones.

“Rastelli hace imposible cualquier solución” rezongan en CARSFE y recuerdan que fue el mismo funcionario quien se opuso al proyecto de “Alternativa Norte”, un canal de 5.300 metros para desembocar en el Salado.

Rastelli elevó la queja a la Corte Suprema en el 2002 para impedir que el proyecto prospere. Un año después se llegó a un acuerdo; Santa Fe podría arrojar cinco metros cuadrados por segundo por el sistema de bombeo que se había instalado en la red norte.

Claro que la sala de bombeo había sido provista con bombas arroceras usadas, muy viejas y que nunca anduvieron. Por ello se construyó un canal by-pass para subsanar el ineficaz plan originario. Sin embargo, Rastelli desempolvó el amparo ante la Corte aludiendo que el acuerdo comprendía el agua que arrojaban las bombas y no un canal aunque los productores afirmaban que el caudal iba a ser el mismo.

El último conflicto importante con Rastelli se tuvo en el verano de 2017 cuando en el Salado, a la altura de Junín, se mantuvieron cerradas las compuertas para que los clubes de pesca tuviesen abundante agua como atractivo turístico de la ciudad. En ese período el nivel tenía que estar mucho más bajo esperando el período de lluvias.

Con la llegada de la época de precipitaciones La Picasa se empezó a llenar y las compuertas de las represas no funcionaron. Claro que era tarde para revisar los mecanismos y miles de hectáreas súper productivas quedaron nuevamente bajo el agua.