Un caso testigo que podría cambiar el cálculo de los haberes jubilatorios

AUDIO: LUCIANA SQUIZZIATO (ABOGADA PREVISIONAL)

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La Corte Suprema de Justicia debe resolver, antes de fin de año, un caso testigo que podría implicar un cambio en el cálculo de los haberes jubilatorios enmarcados en la “reparación histórica”.

Se trata del juicio por el reajuste de haberes iniciado por Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en 2003 y comenzó a percibir una remuneración menor al 50 por ciento de lo que cobraba cuando era trabajador activo.

Si la Corte aprueba el pedido de Blanco, el Estado nacional deberá abonarle una compensación del 50 por ciento de los haberes de los últimos 15 años y actualizar su remuneración mensual un 31 por ciento más de lo que cobra por la reparación histórica.

La abogada previsional Luciana Squizziato explicó que “el criterio que la Corte ha mantenido hasta el momento es la actualización por el índice del salario básico de la Industria y la Construcción, que es como se actualizan las remuneraciones en actividad para el primer haber jubilatorio”.

Con la reparación histórica, que los jubilados debían aceptar para evitar el eterno trámite en la Justicia, el Estado reconocía estar pagando menos de lo que correspondía a cambio que el jubilado renunciara a cobrar el retroactivo y reclamar futuras correcciones. Así, actualizaba los valores, que siempre eran más bajos de lo que correspondía a los aportes que había hecho el jubilado.

“El Estado decía ¨yo te reconozco un derecho, pero vos renuncias al retroactivo y a futuras correcciones del haber¨; la Corte Suprema ya tenía un criterio, pero Anses apeló todas las causas y pedir la aplicación de esta medida (para quienes iniciaron acciones legales contra el Estado). Pero es como dijo un jubilado cuando salió la reparación histórica: ¨Si gané la guerra ¿por qué te voy a ceder territorio?¨”, detalló Squizziato.

La letrada afirmó que si la Corte mantiene el criterio, que es reconocer que los haberes deben ser proporcionales a la remuneración que tenía el afectado en actividad, no representaría un incremento en el costo del Estado, como alertaron medios nacionales el fin de semana, “porque es lo que venía haciendo”.

Si el caso Blanco prospera, el impacto alcanzará a 150 jubilados que esperan una sentencia favorable con reclamos similares.

“Quien le está dando prensa (a la preocupación por el fallo de la Corte) es el propio Estado para decir que con este reclamo van a hundir al Estado”, remarcó Squizziato.